Una propuesta sobre la conciliación en materia penal que, aunque generosa, debería declinarse

“Propuestas no onerosas para mejorar la justicia penal”

“la conciliación genera un aporte, francamente no significativo, a la depuración del sistema”

“esta valiosa institución podría fortalecerse, vía legislativa (…). En primer lugar, en el aumento de delitos que requieran del agotamiento de este mecanismo de terminación anticipada de conflictos previamente a poner en funcionamiento el aparato judicial”

“el fin de alcanzar acuerdos que permitan la extinción de la acción penal ya sea por conciliación”

“La segunda óptica desde la que podría fortalecerse la conciliación tiene que ver con que en la práctica un muy importante número de fiscales tienen que dedicar valioso tiempo para adelantar las audiencias de conciliación, cuando tal capital humano debería dedicarse a cumplir las funciones de investigación, acusación y juzgamiento que tienen preponderancia en el SPA.”

“Así pues, conveniente sería descargar la etapa conciliatoria en estamentos externos a la Fiscalía General de la Nación”

“fungiendo como auténticos conciliadores, estén en capacidad de explicar a las partes, con el debido rigor, los pormenores de los procesos penales y las ventajas de conseguir acuerdos.”

“Finalmente, debería concebirse la posibilidad de conferir algún tipo de beneficio a las entidades que desarrollen estas conciliaciones, y puntualmente si se tienen resultados satisfactorios, como podría ser, a modo de ejemplo, incentivos tributarios o fiscales”

El doctor Mauricio Cristancho Ariza escribe una interesante propuesta en Ámbito Jurídico. Ésta es sobre el fortalecimiento de la conciliación en el ámbito penal en Colombia. A primera vista, una proposición de apoyo a la conciliación sería bienvenida y aceptada por el gremio de las personas que hacemos parte de la conciliación; sin embargo, al revisar los supuestos que probablemente motivan la menciona idea, no parecen alineados con la filosofía de la conciliación. Revisemos esto con más detalle.

Las citas del doctor Cristancho al inicio de esta nota parecen sugerir algunas meta narrativas, que valga la pena aclarar, son comunes al entendimiento que un grupo de personas tienen de la conciliación. Uniendo las mismas palabras del citado jurista y con el ánimo de mantener el sentido de ellas, se podría tener en resumen lo siguiente:

La conciliación es conveniente porque es una propuesta no onerosa para mejorar la justicia penal. El propósito de la conciliación es servir como instrumento para extinguir la acción penal y en consecuencia depurar su sistema. Debido a que la justicia penal está congestionada, se propone fortalecer la conciliación a través de una reforma legal en dos sentidos: 1. Ampliar la conciliación en los delitos que requieren de esta como requisito de procedibilidad, el cual entiende a la conciliación como un mecanismo de terminación anticipada de la acción penal para evitar poner en funcionamiento el aparato judicial. 2. Delegar la conciliación a estamentos diferentes a la Fiscalía General de la Nación para que esta se descargue de la conciliación toda vez que los fiscales no tienen tiempo y deberían dedicarse a las investigaciones, acusaciones y juzgamientos. En este sentido, los conciliadores en el ámbito penal son entendidos como personas que deben explicar con rigor a las partes los pormenores de los procesos penales y las ventajas de conseguir acuerdos. Como la conciliación no debe ser onerosa, los beneficios para los centros de conciliación deberían ser tributarios o fiscales.

La propuesta suena generosa porque fortalece la conciliación, amplía su campo, da trabajo a los centros de conciliación y al final los retribuye con beneficios tributarios. Ahora bien, un análisis más detallado de las meta narrativas de la proposición no coinciden con lo que es la conciliación desde la perspectiva narrativa de paz y resolución de conflictos. La conciliación es un método de resolución de conflictos cuyo propósito es ayudar a resolver un conflicto. Los destinatarios de la conciliación son las personas en conflicto. El trabajo del conciliador está enfocado a tejer las narrativas de las partes para ayudarlas a construir una historia alternativa de respecto, colaboración y legitimación mutua en el marco de la paz y la justicia social. Si se contrasta esta visión de la conciliación con la de la propuesta del doctor Cristancho, se concluye que son contrarias. Efectivamente, la conciliación no debería conceptualizarse como un método sin costo al servicio de un sistema cuyo objetivo es depurarlo. La conciliación no es una carga para los fiscales y mucho menos una función que les quita tiempo para lo “importante.” La conciliación previa a un proceso no es un trámite para agotar para terminar una acción y tampoco los conciliadores están para hacer educación legal penal a los ciudadanos. Al final, la conciliación no busca beneficios tributarios para los centros.    

De acuerdo con lo anterior, la propuesta, aunque generosa, se debería declinar porque no toma en cuenta la conciliación por lo que es, sino con base en algunos propósitos que la instrumentalizan. El resultado no sería una conciliación fortalecida, sino una conciliación sometida a unas narrativas del derecho, la ley y la burocracia.

Una propuesta alternativa a la presentada podría ser que la conciliación se fortalezca en el ámbito penal porque es un método para que los ciudadanos resuelvan su conflicto que los llevó a una instancia del Estado como la Fiscalía General de la Nación. Los fiscales obrando como conciliadores y todos los conciliadores en general pueden ayudar a las personas a escucharse, entenderse y dialogar para construir un futuro diferente al de las situaciones que los llevaron al conflicto penal. Los conciliadores y centros de conciliación deben ser bien remunerados. Las partes merecen ser escuchadas y el conciliador debe brindar un servicio de resolución de conflictos con calidad y debe dedicar el tiempo necesario para ello. Todos los conflictos son importantes para las personas que los viven y para los conciliadores que las ayudan. El conciliador tiene como finalidad intervenir para contribuir a la construcción de paz y la justicia social.

Gracias por la propuesta de fortalecimiento a la conciliación en materia penal, pero hasta tanto ésta no sea coherente con la filosofía de la conciliación, debería declinarse.

Narrativas de la conciliación en el pasado y presente en la pandemia del COVID-19

Gracias al Centro de Conciliación de la Universidad de Santander y su director el Dr. Javier Liñán por la invitación a conversar sobre la conciliación en el contexto de la pandemia y el futuro de esta. En el Webinar presenté el meme que representa el rol de tres narrativas de la conciliación.

La invitación es a reflexionar sobre el futuro de la conciliación y preguntarnos qué meta narrativas podrían estar inspirando su prospectiva.

Hoy a las 4:30 p.m. hora de Colombia

Gracias a la invitación del Centro de Conciliación de la Universidad de Santander nos veremos esta tarde a las 4:30 p.m. para que conversemos sobre las narrativas del derecho, la ley y la burocracia en el contexto de la pandemia y el futuro de la conciliación. No olviden inscribirse en https://forms.gle/SomArtbsvYd4N7fd7

El rol de los centros de conciliación y el proyecto de ley 165 de 2020

Los centros de conciliación han tenido un rol muy importante en la institucionalización de la conciliación por cerca de 30 años. Muchos de los logros en la promoción de la conciliación se deben al trabajo decidido de los centros, sus funcionarios y los conciliadores en el país; sin embargo, desde el 2005 se ha venido dando una tendencia que tiene muchos riesgos para la misión de los centros y la identidad de los conciliadores. El legislador ha tenido en cuenta a los centros de conciliación como una opción eficiente para llevar a cabo tareas y funciones de diferente naturaleza, que en algunos casos, es contraria a la filosofía de la conciliación.

Ejemplo de ello son las declaraciones de las uniones maritales de hecho, la ejecución de garantías mobiliarias, la insolvencia de persona natural no comerciante, la mediación empresarial y, ahora, la declaratoria de la fuerza mayor o caso fortuito del proyecto de ley 165 de 2020.

El riesgo no está en que los centros en sí mismos apoyen o asuman funciones diferentes a la conciliación; el riesgo está en que se asignen funciones basadas en la autoridad a instituciones y personas llamadas a promover la autocomposición. Para tomar un ejemplo, no existe un diálogo ontológico entre la conciliación por un lado y la insolvencia, por el otro. El resultado que se puede tener es que los centros y los conciliadores profundicen más su identidad en la esfera del derecho que en la resolución de conflictos. Una solución sencilla sería que los centros contaran con listas de abogados expertos en determinados temas que cumplan con las tareas delegadas a éstos y no que lo hagan los conciliadores. El perfil de un conciliador y la de un abogado son diferentes, aunque, no son excluyentes.

Esperemos no ver en un futuro lo siguiente:

El rumbo de la conciliación en derecho y en equidad en el Estatuto de Conciliación

El Estatuto de Conciliación es importante para fortalecer la conciliación en Colombia. Dicho fortalecimiento debería estar basado en la unidad conceptual y el propósito de la conciliación. Las clasificaciones de la conciliación han cambiado con el tiempo desde 1991 llamando a la conciliación de diferentes maneras, pasando de la institucional a la hoy denominada “en derecho”. Por su parte, la conciliación en equidad no ha cambiado de nombre. La experiencia del desarrollo de estas dos clases de conciliación ha sido muy diferente y se ha creado una brecha en la conceptualización e implementación de éstas. El Estatuto de Conciliación crea el Sistema Nacional de Conciliación que integra a la conciliación en derecho y en equidad; pero al mismo tiempo crea el Programa Nacional de Conciliación de Justicia en Equidad. La estructura institucional parece sugerir dos rumbos que alejan la conciliación en derecho y en equidad. Se deberían debatir estas iniciativas legislativas con representantes de los dos tipos de conciliación para que se integren y se identifiquen como parte de un sistema y no como operadores extraños entre sí ¿Existe un futuro común para la conciliación en derecho y en equidad?

El lenguaje del Estatuto de Conciliación

El Estatuto de Conciliación es una iniciativa importante para fortalecer la conciliación en Colombia. Se debe revisar la forma en la que está redactado el Estatuto para que la conciliación tenga un significado y sentido coherente con sus principios filosóficos. Está ampliamente estudiado cómo el lenguaje crea realidades y define las percepciones de las personas. Es importante analizar el lenguaje jurídico y procesal con el cual se ha escrito el proyecto de ley. Un ejemplo de lo anterior es continuar llamando a la conciliación un mecanismo “alternativo”.

El Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia en el Estatuto de Conciliación

El Estatuto de Conciliación crea formalmente el Sistema Nacional de Conciliación -SNC-. Los elementos del sistema son:

  1. Ministerio de Justicia y del Derecho.
  2. Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia -CNCAJ-.
  3. Entidades formadoras en conciliación.
  4. Órganos de operación de la conciliación.
  5. Conciliadores.
  6. Órganos disciplinarios y de control, inspección y vigilancia.
  7. Entidades y órganos que coadyuvan a la conciliación.
  8. Órganos de planeación y financiamiento.

Para que el SNC funcione de manera sistémica se deben articular las funciones de los órganos. El CNCAJ debe ser asesor y no operador ya que dicha función es de los consejos; además, el CNCAJ no cuenta con representantes de dos elementos fundamentales del SNC como son los conciliadores en derecho y las entidades avaladas para formar conciliadores. No se pueden dejar por fuera los intereses de los profesionales en conciliación y la academia. Se debe mejorar el diseño institucional de la conciliación para fortalecerla y no crear desequilibrios en el sistema.

Webinar gratuito: La Conciliación en el Contexto de la Pandemia y el Futuro de Esta

El Centro de Conciliación de la Universidad de Santander invita al Webinar: “La Conciliación en el Contexto de la Pandemia y el Futuro de Esta”
Los interesados pueden inscribirse en: https://forms.gle/SomArtbsvYd4N7fd7

¡Nos vemos el 10 de septiembre!

El Estatuto de Conciliación y el acoso laboral

El Estatuto de Conciliación es el escenario para que el legislador brinde opciones de resolución de conflictos para el acoso laboral. Muchos empleados son víctimas y sufren este flagelo que causa problemas de salud, atenta contra la dignidad humana y pone en riesgo la vida de las personas. El acoso laboral quedó mal estructurado en la ley 1010 de 2006. Se debe corregir el error que no existe acoso laboral en los contratos de prestación de servicios y en la contratación administrativa. Asimismo, se debe reformar el comité de convivencia laboral para que un conciliador u ombudsperson sea el profesional que atienda a las personas víctimas de acoso laboral y se brinde un abordaje apropiado.

La multidisciplinariedad en el Estatuto de Conciliación

El Estatuto de Conciliación es importante para fortalecer la conciliación en Colombia. La conciliación (mediación) es un método de resolución de conflictos construido a partir de los aportes de muchas disciplinas. La ciencia para la paz y la resolución de conflictos reconoce su multidisciplinariedad y es hora que en Colombia se reconozca que la conciliación no le pertenece exclusivamente a los abogados. Los psicólogos, sociólogos, antropólogos, educadores, comunicadores, administradores, ingenieros, etc. pueden ser conciliadores y realizar una excelente labor. Los profesionales del derecho debemos pensar en las necesidades de los ciudadanos y dejar de lado nuestros intereses personales.

Nota: la foto fue tomada de otro meme de Elmerotenedor