Es conocido por todos que desde el inicio de la conciliación en 1991, en Colombia, siendo fiel a su cultura hipernormativa, nos hemos dedicado a expedir normas como leyes, decretos, resoluciones, circulares, directivas y toda una serie de reglamentaciones para institucionalizar la conciliación. Los expertos afirman y se quejan al mismo tiempo, que los colombianos necesitamos las normas porque somos un país de abogados. En este contexto, sería necesario para los profesionales en conciliación y la institucionalidad asociada a la misma, que hagamos una pausa y como parte del diálogo nos preguntemos ¿Hacia dónde vamos con las normas de la conciliación en derecho? El propósito de esta nota es proponer esa pregunta y algunas consideraciones al respecto, no necesariamente una respuesta.
Existe una tendencia fuerte en Colombia en ampliar el campo de acción de la conciliación a partir de la reglamentación legal. Casi todos los años se expiden normas que de una u otra manera mencionan la conciliación en especialidades y ámbitos de aplicación del derecho. El último ejemplo de ello es la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. Dicha ley tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma (artículo 1).
El contar con normas que promuevan en alguna medida la conciliación puede ser algo conveniente, pero también tiene algunos puntos problemáticos como lo explico a continuación.
Lo bueno de la Ley 1996 de 2019 en materia de conciliación
- De manera abstracta, los conciliadores estarían apoyando la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad. Este objetivo es loable y necesario en la sociedad.
- Contribuiría a comprensión y transformación de los conflictos de las personas con discapacidad, sus familiares y demás interesados a través de la conciliación, entendida como un escenario de diálogo.
- Amplía el campo de acción de los conciliadores inscritos en los centros de conciliación permitiéndoles lo siguiente: 1. Suscribir acuerdos de apoyo. 2. Suscribir terminaciones y modificación a los acuerdos de apoyos. 3. Suscribir directivas anticipadas. 4. Suscribir ajustes razonables relacionados con las directivas anticipadas.
- Permitiría que los conciliadores de los centros de conciliación tengan unos ingresos por una actividad autorizada. Esto podría sumarse como incentivo para la actividad profesional de los conciliadores.
Lo problemático de la Ley 1996 de 2019 en materia de conciliación
- Las funciones habilitadas en la Ley 1996 de 2019 a los conciliadores de los centros de conciliación podrían ahondar el paradigma jurídico de la conciliación profundizando su enfoque en problemas jurídicos y no en conflictos. ¿Debería Colombia avanzar hacia la juridización de la conciliación?
- Las funciones relacionadas con los acuerdos que deben quedar en actas no son para resolver conflictos, sino para plasmar declaraciones de las partes. En otras palabras, se podría desfigurar el sentido de la conciliación y la función del conciliador con el eje del conflicto y pasar a ser un tercero que guarda la fe pública como los notarios. El sentido y razón de ser de la actividad conciliatoria y la notarial no tienen nada en común. ¿Deberían cumplir los conciliadores funciones notariales?
- La Ley 1996 de 2019 establece nuevas obligaciones a los conciliadores como:
- Entrevistarse por separado con la persona titular del acto (artículo 17).
- Verificar que es su voluntad suscribir el acuerdo de apoyo (artículo 17).
- Poner de presente a la o las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren con la persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho (artículo 17).
- Dejar constancia de haber discutido con el titular del acto jurídico las consecuencias o implicaciones de los actos incluidos en las directivas para su vida (artículo 23).
- Realizar los ajustes razonables necesarios (artículo 24).
En principio, estas obligaciones son contrarias a la función de un conciliador y algunos principios de la conciliación. A manera de ejemplo, el realizar una reunión por separado en una conciliación es parte del principio de autonomía de la voluntad ya que las partes lo entienden y permiten si el conciliador lo propone. En los casos de la Ley 1996 de 2019 es una obligación hacer una reunión por separado. La obligación de verificar algo es ajena al conciliador, más aún cuando se trata de la voluntad de una persona. Poner de presente derechos es una actividad de los abogados y jueces, no de los conciliadores. La asesoría e ilustración legal no les corresponde a los conciliadores. ¿Estas obligaciones contribuirían al perfil del conciliador?
- La Ley 1996 de 2019 genera una diferencia no muy clara entre la conciliación en derecho y equidad. Habilitando a los primeros y excluyendo a los segundos. Asimismo, dentro de los conciliadores en derecho excluyó a los servidores públicos habilitados para conciliar. En este punto es importante tener en cuenta que los centros de conciliación sólo llegan al 7% de los municipios del país. ¿Qué criterios se aplicaron para establecer que solamente un tipo de conciliadores podrían realizar esta función?
Espero que esta nota contribuya al diálogo que todos los interesados en la conciliación deberíamos dar sobre la prospectiva legal de la conciliación.
Consulte la Ley 1996 aquí
