Congresos de mediación 2020

Compartimos algunos de los eventos más sobresalientes de mediación en el mundo.

Congreso uruguay

Dirigido a profesionales y estudiantes de derecho (abogados,escribanos) ,mediación, relaciones internacionales,empresarios y todos los interesados en Mediación.  Expositores de España,Brasil,Argentina y Uruguay con mucha experiencia profesional y académica.

Lugar: Montevideo.

Fecha: 11 de marzo de 2020

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Congreso Asuncion

Este Congreso es una oportunidad  para conocer los avances de diversos métodos de resolución de conflictos a través del intercambio con –y entre- expertos de distintos países por medio de dinámicas innovadoras y participativas para la revisión de nuestras prácticas y su correspondiente mejora.

Lugar: Asunción

Fecha: 29 al 31 de julio de 2020

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Congreso ABA

The conference agenda will include excellent programming on mediation, arbitration, negotiation, and specialty practice areas. Whether you are new to dispute resolution practice or have been practicing for decades, the ABA Section of Dispute Resolution Spring Conference has something for you.

Lugar: New Orleans, Estados Unidos.

Fecha: 22 al 25 de abril de 2020

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Congreso España

El Foro Internacional de Mediadores Profesionales (FIMEP) celebra del 26 al 28 de marzo de 2020 su tercer encuentro, que, organizado por la Universidad Loyola y la Escuela Sevillana de Mediación, se desarrollará en Málaga. Como en las ediciones anteriores de Sevilla y Córdoba, FIMEP 2020 contará con un completo programa de conferencias, convenciones, seminarios y cursos, así como una serie de novedades atendiendo a las nuevas necesidades y posibilidades que tiene la mediación en la actualidad.

Lugar: Málaga.

Fecha: 26 al 28 de marzo de 2020

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Las emociones son importantes en la academia y deberíamos atenderlas

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El reconocido periódico Ámbito Jurídico publicó una nota de José Leonardo Suárez Ramírez titulada “La generación blandita: los universitarios hipersensibles” en la cual afirma, entre otras cosas, lo siguiente: “El problema radica en que la universidad en general y las facultades de Derecho, en particular, se están convirtiendo, a solicitud de estos movimientos, en lugares con “espacios seguros”, en los que se prohíbe, por ejemplo, expresar ideas, opiniones y argumentos que pudiesen incomodar u ofender a alguien. (…)”. El caso presentado como ejemplo fue que en Universidad de Cambridge hicieron descolgar el cuadro El mercado de las aves de Frans Snyders ya que algunas personas vegetarianas lo encontraban ofensivo.

Desconozco el contexto y detalles de la situación presentada en Cambridge; sin embargo, como profesor de teoría del conflicto, mediación y conciliación, he tenido la oportunidad de invitar a los estudiantes de derecho y abogados a reflexionar sobre sus preguntas, comentarios y chistes en clase, muchos de ellos basados en narrativas deslegitimazadoras del otro. La academia debería brindar el escenario propicio para el análisis, la investigación y la reflexión ¿Qué sucedería si en las universidades las intervenciones de los futuros o actuales profesionales ofenden a otros? Si en las aulas estamos apoyando el proceso de formación, el impacto de las palabras expresadas por algunos con efectos nocivos en otros debería importarnos. No se trata de afirmar que ahora todo ofende y somos hipersensibles y que por ello no es necesario cuidar nuestras palabras. Puede ser que, para algunos lo sucedido en la mencionada universidad sea exagerado, lo preocupante es que con base en ello se llegue promover que “La razón viene cediendo ante la emoción en la universidad y ello no es recomendable” como lo sostiene el autor de la nota en Ámbito Jurídico.

Las emociones son muy importantes para los seres humanos y están presentes en todos los escenarios donde se desarrolla la vida. La neurociencia ha demostrado que las decisiones racionales están acompañadas por las emociones y las dos tienen sinergias. Es un mito pensar que la razón y la emoción son cosas separadas en el cerebro y que los seres humanos podemos “pensar con cabeza fría” para tomar decisiones sin emociones. Lo que no es recomendable es que en las universidades se continúe privilegiando la razón sobre la emoción y que se vea a la primera como algo positivo, poderoso y deseable y la segunda como algo de menor categoría, débil y que se debe controlar. Los discursos sociales asocian la razón al hombre y la emoción a la mujer como parte del poder masculino. El derecho como disciplina se ha basado en la razón y no en la emoción, pero este paradigma debería ser revisado.

Las universidades deberían ser espacios seguros para que todos los integrantes de la comunidad académica (estudiantes, profesores y administradores) puedan expresar sus ideas y crear conocimiento en beneficio de la sociedad sin que ello implique atacar, denigrar, ofender o violentar al otro. Para lograr el propósito de la educación necesitamos la razón y la emoción.

Memes de conciliación

El humor irónico sigue siendo una buena herramienta para reir con los memes de conciliación que incluyen buenas enseñanzas sobre algunos conceptos errados del método de resolución de conflictos.

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Comentario: La señora Patata necesita tomar el diplomado de conciliación, preguntarle a un abogado que le asesore o investigar qué es la conciliación. En la conciliación no hay contrapartes como sí las hay en los litigios. En consecuencia, en la conciliación el señor Patata no necesitaría los ojos enojados. La pregunta para el señor y la señora Patata sería ¿Cómo se sienten en el conflicto? y llevar esos ojos a la conciliación. Si el conciliador hiciera una externalización la pregunta sería ¿Qué ojos le hace ponerse el conflicto?

 

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Comentario: Si el abogado conociera la conciliación no buscaría convencer a su cliente sino que lo asesoraría para que tomara decisiones informadas para la solución de su conflicto. Asimismo, una conciliación no significa el 50/50 en los acuerdos.

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Comentario: Esta es otra oportunidad para que el abogado se interese en conocer qué motiva a la persona a querer llegar hasta la última instancia y con base en ello asesorarla en si las alternativas legales están previstas para lo que busca. Tal vez la conciliación sí sea un escenario para que las personas cambien su motivación de venganza.

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Comentario: el “joven” no tiene claro qué es la conciliación y evidentemente cree estar en un litigio. La sopresa del juez es una invitación a que reflexione sobre el desarrollo de la conciliación que el mismo ha facilitado.

¿Centros de conciliación con funciones jurisdiccionales?

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La reconocida web de La Silla Vacía ha publicado una nota sobre el proyecto de acto legislativo por medio del cual se reforman algunos aspectos de la administración de justicia. En el artículo primero de dicho proyecto se adiciona el artículo 116 de la Constitución Política otorgando funciones jurisdiccionales a los centros de conciliación. Como se conoce, las funciones de administración de justicia por particulares no pueden ser absolutas y por ello se establecen las siguientes condiciones: 1. La función jurisdiccional es excepcional. 2. La función jurisdiccional es transitoria. 3. Los asuntos deben ser solicitados de mutuo acuerdo por las partes o en los asuntos declarativos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud. Todo lo anterior será reglamentado por una ley. El texto pertinente publicado por La Silla Vacía es el siguiente:

“PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO ____ DE 2019

“por medio del cual se reforman algunos aspectos de la administración de justicia y se dictan otras disposiciones”

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º.

 Adiciónese el siguiente inciso al artículo 116 de la Constitución Política: De manera excepcional y transitoria, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y/o centros de conciliación en asuntos en los que acudan las partes por mutuo acuerdo o en los asuntos declarativos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud. La ley igualmente podrá desjudicializar algunos asuntos.”

Este proyecto tiene varios aspectos que son problemáticos y preocupan en la disciplina de conciliación como se resumen a continuación:

  • Los centros de conciliación son instituciones muy sui generis ya que no son personas jurídicas, sino que son una unidad que pertenece a una persona jurídica sin ánimo de lucro, una entidad pública o un consultorio jurídico de una facultad de derecho de una universidad. Para su creación se requiere autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. Con base en esto, la duda que surge es si es constitucional autorizar a unidades de personas jurídicas para administrar justicia. Colocando otro ejemplo sería como autorizar a la oficina jurídica de las entidades sin ánimo de lucro a administrar justicia. No existe una diferencia jurídica de fondo en entre la naturaleza de un centro de conciliación y cualquier otra oficina de las personas jurídicas.
  • Los centros de conciliación están definidos en el artículo 2.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 que dice: Es aquel autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para que preste el soporte operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo de las funciones de los conciliadores y en especial para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 3 del Libro 3 del Código General del Proceso. Como se puede leer, la razón de ser de un centro de conciliación es prestar soporte operativo y administrativo para llevar a cabo las conciliaciones y la facultad de administrar justicia desvirtuaría su función.
  • La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la naturaleza de los centros de conciliación y arbitraje y ha establecido claramente la prohibición de administrar justicia. En particular se pueden revisar las Sentencias SU-600 de 1999, C-893 de 2001, C-917 de 2001 y C-1032 de 2002 de la Corte Constitucional.
  • La posición de autorizar a los centros de conciliación para que administren justicia es contraria a la misma línea institucional de conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho como está definido en el concepto 15161 del 12 de noviembre de 2004 donde menciona que la naturaleza del centro de conciliación es operativa y administrativa.
  • La futura ley que reglamente este artículo tendría que definir quién o quiénes en los centros de conciliación serían autorizados para administrar justicia. Aquí es donde surge la mayor preocupación si se llega a determinar que serían los conciliadores inscritos en dichos centros porque la función de un juez y el trabajo de un conciliador son diferentes. Los teóricos de la mediación, ya que la literatura se refiere a este método y no la conciliación, han advertido en diferentes investigaciones que el perfil de un abogado y el de un conciliador pueden ser contradictorios. Para ello se puede revisar lo afirmado por Riskin y Guthrie sobre el mapa filosófico estándar de los profesionales del derecho en el cual indican que el pensamiento de los abogados es de perspicacia analítica, sin inteligencia emocional, orientación adversarial y comunicación lógica y lineal. Por el contrario, los conciliadores requieren comprensión del ser humano, inteligencia emocional, orientación colaborativa y comunicación circular.
  • El perfil de una persona que toma decisiones y de una que ayuda a resolver conflictos es diferente y si se autoriza a los conciliadores a obrar como jueces lo que podría ocurrir en la práctica es un fortalecimiento de sus marcos referenciales a favor del derecho heterocompositivo y no de la resolución de conflictos voluntaria.
  • No solamente puede ser problemático el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de los centros o sus conciliadores, sino que se podría generar mayor confusión en los ciudadanos sobre lo que es un conciliador y lo que es un juez. A pesar que han pasado 29 años de institucionalizarse la conciliación en Colombia, aún muchos ciudadanos confunden a los conciliadores con el funcionario que los asocian: el juez. Las personas que acudan a un centro de conciliación autorizado para administrar justicia pueden entender después que en la conciliación el acuerdo es obligatorio, que el conciliador tiene autoridad, que la conciliación es como un proceso judicial ¿De qué manera se explicaría claramente al ciudadano que el conciliador en su rol de conciliación es una cosa y en su rol de juez es otra diametralmente distinta? ¿Estaría el ciudadano en capacidad de conciliar con total autonomía de su voluntad si su experiencia previa ante un juez-conciliador ha sido la de tomar una decisión?

Esta propuesta de acto legislativo debería ser estudiada cuidadosamente, no solo por la finalidad que busca, sino para evaluar si la función de administrar justicia en cabeza de los centros de conciliación y, posiblemente sus conciliadores, es la opción más conveniente y oportuna para el futuro de la conciliación en Colombia. Sería muy preocupante que la prospectiva de la conciliación no sea como lo recomendó el estudio del Departamento Nacional de Planeación del año 2015 en el cual dice que se debería retomar la naturaleza de la conciliación hacia la resolución de conflictos toda vez que la vinculación de esta con el derecho no ha dado los mejores resultados y la ha limitado.

Marco Gerardo Monroy Cabra: un magistrado que apoyó la conciliación en Colombia

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Fuente de la foto: https://www.las2orillas.co/las-virtudes-de-monroy-cabra/

El 19 de diciembre de 2019 falleció el reconocido abogado y tratadista colombiano Marco Gerardo Monroy Cabra. Uno de los cargos que desempeñó el doctor Monroy Cabra fue como presidente de la Corte Constitucional de Colombia. En el año 2001, en su cargo de magistrado, tuvo un gran impacto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de conciliación ya que dicha corporación expidió las sentencias C-893 y C-1195 por las cuales se decidió sobre la constitucionalidad de la conciliación como requisito de procedibilidad cuando fueron demandados algunos artículos de la Ley 640 de 2001. Las ratio decidendi y las reglas dogmáticas establecidas por la Corte en las mencionadas decisiones están aún vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. El doctor Monroy Cabra fue uno de los magistrados que defendió la conciliación basado en un acertado entendimiento jurídico de esta. Como ejemplo de ello se tiene el salvamento de voto de la sentencia C-893 de 2001 y las consideraciones de la sentencia C-1195 del mismo año.

A continuación, se presentan la ratio decidendi y las reglas dogmáticas de la sentencia C-1195 de 2001 donde el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra fue magistrado ponente junto con Manuel José Cepeda Espinosa.

Ratio decidendi de la Sentencia C-1195 de 2001: Aplicando el test de razonabilidad, la conciliación como requisito de procedibilidad en materia administrativa, civil y de familia es constitucional por las siguientes razones:

  • La afectación del derecho a acceder a la justicia que imponen la conciliación como requisito de procedibilidad consiste en imponer un plazo de tres meses dentro del cual las partes deben acudir a una audiencia de conciliación, antes de llevar la controversia ante la jurisdicción (grado de afectación del derecho fundamental afectado por la norma demandada).
  • Fines que se pretende alcanzar con la conciliación prejudicial obligatoria: (i) garantizar el acceso a la justicia; (ii) promover la participación de los individuos en la solución de sus disputas; (iii) estimular la convivencia pacífica; (iv) facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas; y (v) descongestionar los despachos judiciales. Es claro que la institución de la conciliación en los términos en que ha sido regulada por la Ley 640 de 2001, busca finalidades legítimas e importantes desde el punto de vista constitucional (analizar si los fines de la medida adoptada por el legislador son legítimos a la luz de la C.P.).
  • La conciliación como requisito de procedibilidad constituye una limitación legítima, principalmente de orden temporal, que puede ser superado por la decisión de las partes (análisis del medio).
  • La conciliación prejudicial obligatoria resulta efectivamente conducente para el logro de los fines previstos por el legislador por las siguientes razones:
    • Porque garantiza el acceso a la justicia, como quiera que ofrece un espacio para dar una solución a los conflictos por la vía de la autocomposición y permite que asuntos que normalmente no llegan a la justicia estatal formal porque las partes los consideran dispendiosos, difíciles o demasiado onerosos en términos de tiempo y esfuerzos, puedan ser ventilados y resueltos rápidamente y a un bajo costo
    • Porque promueve la participación de los particulares en la administración de justicia, no sólo a través de la intervención del conciliador, sino también cuando las partes autocomponen su controversia.
    • Porque promueve la convivencia pacífica. La audiencia de conciliación constituye un espacio para el diálogo, que permite limar asperezas, ampliar la concepción que las partes tienen respecto del conflicto, entender el origen del conflicto, reconocer al otro como interlocutor válido e identificar posibles alternativas de solución (la relación entre el medio y los fines).
  • La Corte Constitucional reitera la ratio decidendi de la Sentencia C-160 de 1999 y concluye la Ley 640 de 2001 regula de manera uniforme la determinación de la existencia de suficientes recursos materiales y humanos para adelantar las conciliaciones, el establecimiento de la interrupción de la prescripción y de la caducidad de la acción con la presentación de la petición de conciliación y la determinación de un tiempo preciso durante el cual se debe intentar la conciliación.

Reglas dogmáticas de la Sentencia C-1195 de 2001:

  • Procede la tutela contra una conciliación cuando: 1. Se desconoce el debido proceso. 2.  Se afectan derechos de terceros que no participan en la conciliación.    Se tramitan a través de la conciliación asuntos excluidos de ella.  4.  Se desconocen derechos de personas que se encuentran en estado de indefensión.
  • La exigencia de la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad es un límite principalmente temporal para el acceso a la justicia del Estado, el cual sólo impone a las partes esperar que llegue la fecha fijada para la audiencia de conciliación, pero no las obliga a adoptar ninguna decisión dentro de esa audiencia. Las partes mantienen el control del proceso y de los resultados de la audiencia, pueden fijar la duración de esa audiencia, pueden decidir si concilian o no, pueden decidir autónomamente el grado de intervención del conciliador, cuyo papel se puede limitar a certificar los resultados de esa audiencia, o llegar a tener un rol más activo, facilitando la búsqueda de soluciones o proveyendo información experta necesaria para aclarar los puntos de discusión o formulando propuestas. Este límite temporal puede ser superado por voluntad de las partes, quienes durante los primeros minutos de la audiencia de conciliación, por ejemplo, pueden manifestar su decisión de no conciliar y acudir directamente a la jurisdicción.
  • Con relación al requisito de procedibilidad en materia de familia, la constitucionalidad de este medio depende de que no se hayan presentado situaciones de violencia intrafamiliar, pues en estos eventos no resulta adecuado que se obligue a la víctima a encontrarse con su agresor.
  • La función que asume en cada caso el particular en su condición de conciliador comienza con la fijación de la fecha para la audiencia de conciliación y termina con la firma del acta correspondiente en la que se consignan los términos del acuerdo o se manifiesta la imposibilidad de llegar a él. La transitoriedad de la función de administrar justicia surge de la autorización temporal que le confieren las partes a un particular para que actúe como conciliador y las apoye en la búsqueda de soluciones al conflicto o certifique que les fue imposible llegar a un acuerdo.  En cambio, este no tiene competencia para sustituir a las partes en la solución de su conflicto ni para atender posteriores diligencias en relación con el mismo caso, ni para adoptar medidas tendentes al cumplimiento del arreglo logrado durante la audiencia de conciliación.

Por otra parte, el doctor Monroy Cabra fue uno de los magistrados de la Corte Constitucional que fue consistente en su criterio jurídico en materia de conciliación. Esto se puede ver en la línea jurisprudencial sobre la constitucionalidad de la conciliación como requisito de procedibilidad (Peña Sandoval, 2009) que se muestra en el siguiente gráfico.

Linea juris 1

Fuente imagen: Peña Sandoval (2009)

Esta misma consistencia se muestra en sus salvamentos de voto en relación con el análisis de la constitucionalidad de la conciliación como requisito de procedibilidad como se presenta en la siguiente gráfica.

Linea juris 2

Fuente imagen: Peña Sandoval (2009)

Gracias doctor Marco Gerardo Monroy Cabra por su legado.