Narrativas de la Ley 23 de 1991

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Durante el mes de abril compartiremos algunas historias sobre la Ley 23 de 1991 a través de narrativas de sus protagonistas. Como es de amplio conocimiento por los lectores de este blog, en Colombia nos encontramos conmemorando los 25 años de la conciliación. El propósito de estas breves narrativas es compartir con todos los interesados las historias que rodearon la expedición de la Ley 23, su contexto y anécdotas que nos dejan importantes enseñanzas para el futuro de la conciliación en nuestro país.

Para comenzar contamos con un invitado de lujo, el doctor Rafael Bernal Gutiérrez, quien fue uno de los redactores de la Ley 23 de 1991, nos escribe una interesante nota sobre su génesis. Al doctor Bernal un infinito agradecimiento por su generoso tiempo.

A continuación las palabras del doctor Rafael,

“ALGUNOS BREVES COMENTARIOS SOBRE LA GENESIS DE LA LEY 23 DE 1.991

Recién se cumplen 25 años de la expedición y puesta en vigencia de la Ley 23 de 1.991 y bien vale la pena traer a cuento algunos breves comentarios de las circunstancias que rodearon la elaboración y expedición de la misma, a lo que nos ha invitado Harbey Peña, entusiasta enamorado de todas estas materias.

Como es de muchos conocido, en el año 1987 se otorgaron al Gobierno Nacional para durante un lapso de dos años, hacer un trabajo a fondo para racionalizar y especializar el trabajo judicial y poner en practica una amplia serie de herramientas para mejorar el acceso, atacar la congestión y acelerar los tramites. Sin duda alguna, la empresa mas seria y consistente que se haya hecho en este país, siempre que de atacar estos males endémicos de la justicia se trata y de la cual hoy día aun, a pesar de todo subsisten Buena parte de ellas.

Dentro de los temas que se reformaron se encontraban el Arbitraje, por esa fecha regulado en el Código de Procedimiento y en el Código de Comercio, con iguales textos pero en codificaciones con principios totalmente contrapuestos lo que significo, en cierta medida, la incursión de la jurisprudencia para llegar a conclusiones que, como ha ocurrido con frecuencia con el tema, no siempre fueron las mejores. Se expidió entonces el decreto 2279 de 1.989, que si bien estaba centrado en el arbitraje, incluyo algunas pinceladas sobre conciliación y amigable composición.

El decreto, no obstante el beneficio de unificar e incluir un régimen mas avanzando que el imperante en ese momento, tuvo una serie de infortunados errores, muchos de los cuales, derivados de atender, durante el larguísimo periodo de ambientación que se hizo a nivel nacional, un numero de sugerencias que, al final, dieron lugar a estos inconvenientes que resultaba urgente corregir para evitar males mayores.

En ese contexto  y bajo el empuje e inspiración de uno de los más preclaros y brillantes abogados que ha tenido el país en los últimos tiempos, el Dr. Jaime Giraldo Ángel, por la época Ministro de Justicia, quien era un convencido de la bondad de la conciliación, como mecanismo para solucionar las controversias, prevenir los procesos judiciales y trabajar en pro de las relaciones útiles que en diversas áreas de la convivencia social se presentan, se dio inicio al trabajo para estructurar el proyecto de ley. Para el efecto, el Ministerio conformo equipos de trabajo por temas, cada uno encargado de materias especificas, de forma tal que se pudiera contar con un régimen integral y generalizado de conciliación en Colombia y así se da cuerpo al proyecto de ley que seria luego la 23 de 1.991.

No obstante, dos circunstancias no previstas, de alguna manera generaron algunos contratiempos de los que se resiente la ley, algunos de los cuales luego se trato, por la vía de decretos reglamentarios de la misma, tratar de aclarar y/o subsanar, sin que n todos los casos se lograra el propósito. La primera de ellas, el que, como lo he señalado, si bien existía un coordinador que lo era el Ministerio, los grupos de trabajo, cada uno por su lado, diseño y organizo el tema que le correspondió sin que existiera un momento de una “puesta en común” que hubiera servido para una mayor discusión en algunos aspectos que luego de expedida la ley se hicieron evidentes. La meta de lograr en la legislatura del año 1990 de sacar la ley y ponerla en vigencia hizo que en alguna medida la premura primara y generara consecuencias como esta. La segunda de ellas, que si bien se logro el objetivo de darle tramite durante la legislatura mencionada, por razones que no conozco en su minucia, la ley no se expidió en 1990, como ha debido corresponder sino hasta el 23 de marzo de 1.991.

Esta ultima circunstancia también jugo en contra. Todo el tema laboral, donde se pensaba darle una total renovación al tema y ampliar su espectro para profundizar en ella como estrategia, estaba totalmente ensamblado y coordinado con el Ministerio del trabajo, para reformar el sistema de Inspecciones del Trabajo que eran de urgente e inmensa necesidad y para lo que se contaba con las facultades necesarias. No obstante, al haberse expedido la ley en 1.991, tales facultades ya habían vencido y eso produjo que capítulos como este, se quedaron sin entrar en vigor, por cuanto, como la ley lo expresa, dependía de dicha modernización que no se pudo llevar a cabo.

En algunas materias como familia, transito y “delitos menores” –contravenciones”, si bien se trato por la vía de decretos reglamentarios, como se indico, corregir algunos equívocos y llenar ciertos vacíos, lo cierto es que no fueron suficientes para lograr el impacto y el efecto deseado. Quizás, la no presencia en algunos de los grupos de trabajo respectivo de actores fundamentales, como por ejemplo el sector Asegurador, para el tema de transito, generaron muchas dificultades y eventualmente la imposibilidad de darle uso en la forma concebida a las reglas estructuradas en la ley.

No puedo dejar pasar la inclusión de una verdadera revolución en la ley y es la incorporación de la comunidad, en plenitud, en la solución de controversias a través de la figura de la conocida como “Conciliación en Equidad”, nombre este que , entre los puristas, ha generado muchas criticas pero que simplemente da cuenta de una figura donde a diferencia de la “Conciliación en derecho” patrimonio de los abogados,  en esta son los ciudadanos del común, aquellos en quienes la inteligencia popular cree mas que en el mundo del derecho como colaboradores eficientes para solucionar los problemas que al interior de la misma se dan, sin que la connotación implique que pueden apartarse del mundo del derecho ni este sea ajeno a la figura. No obstante, a pesar de contar con los mismos efectos jurídicos y de poderse llevar a cabo ante esta nueva figura, todas las materias que se podían llevar a la conciliación en “derecho”, la realidad muestra que existe una cierta desventaja, cuando de temas como “la conciliación como requisito de procedibilidad” que no permitía usar de la conciliación en equidad sin explicación ni razón alguna.  La figura, concebida originalmente para el ámbito rural, con la idea de tratar, una vez mas, de crear una herramienta que se pudiera usar en todos los rincones del país, se urbanizo en la ley que , además de lo rural, la volvió vecinal y barrial, como al final quedo y hoy “goza de Buena salud”.

Así, dejo estas escuetas y deshilvanadas notas sobre la ley 23 que creo, transcurridos estos 25 años de vigencia, debe mirarse de Nuevo, actualizarla, modernizarla, ampliarla y claro, corregir las fallas que, en buena medida de manera fortuita, como lo he relatado, contiene su estructura.”

FotoRBG

El doctor Rafael Bernal Guitiérrez es abogado de la Universidad del Rosario y ha sido docente de especializaciones y maestrías en Derecho Civil y Comercial de las universidades Javeriana, de los Andes, del Rosario y Externado de Colombia. Entre otros cargos, fue subdirector jurídico de la Asociación Bancaria de Colombia, y adelantó gran parte de su carrera en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se desempeñó como vicepresidente jurídico, presidente ejecutivo encargado y, finalmente, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la misma Cámara.

Conciliación Colombia 25 años: Galería de recuerdos

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Si cuenta con fotos, recortes de periódico, manuscritos, pines, botones, afiches, revistas o cualquier objeto alusivo a la conciliación y la Ley 23 de 1991, los invitamos a unirse a esta convocatoria que hacemos desde el Blog para construir una “Galería de recuerdos”. Se recibirán sus objetos a más tardar el 30 de abril de 2016 en el correo electrónico: harbeyps@gmail.com en formato PDF o de fotografía, por favor en el correo indicar qué es el objeto y el nombre del propietario.

En el mes de mayo se publicarán y compartirán en el blog todos sus recuerdos del año 1991 para conmemorar los 25 años del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia.

¡Esperamos que todos compartan sus objetos memorables que tienen guardados!

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Fuente: http://www.derechotk.com/?p=2635

 

Hoy hace 25 años se expidió la Ley 23 de 1991 que dio origen al Sistema Nacional de Conciliación en Colombia. Con motivo de esta fecha tan especial, desde este blog se están preparando una serie de iniciativas para conmemorar el aniversario de la conciliación en nuestro país.

Todas las notas que se publiquen en adelante tendrán como eslogan: Conciliación Colombia 25 años. Para empezar, a continuación se presentan algunas de las noticias publicadas en los principales diarios de circulación nacional en el año 1991.

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1. Fecha: 20 de marzo de 1991

Titular: MINJUSTICIA PONE EN MARCHA DESCONGESTIÓN

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-46226

Resumen: “La ley establece, además, la conciliación en materias laboral, civil y penal. En el primer ámbito establece como prerrequisito para acudir a la justicia el trámite de las reclamaciones ante los inspectores del Ministerio de Trabajo.

El artículo 39 señala: Se presumirán que son ciertos los hechos en que el actor basa sus pretensiones, cuando el demandado ante la jurisdicción laboral no comparezca (es decir, no acate las citaciones por vía administrativa).

Respecto del derecho de familia, la conciliación estará a cargo de defensores de familia y procederá frente a custodia y cuidado personal de menores, separación de cuerpos y liquidación de la sociedad conyugal, entre otros. Todo, sin perjuicio de las facultades concedidas a los notarios .

También se crea la conciliación en materia de conflictos de jurisdicción contencioso-administrativa o conflictos entre los particulares y el Estado.

La competencia de realizar la conciliación se atribuye en este caso al Ministerio Público y, de acuerdo con la ley de descongestión, procederá frente a todos los actos administrativos.

Los ministros, jefes de departamentos administrativos y demás representantes jurídicos de entes nacionales, departamentales, municipales o intendenciales, asumirán la defensa de la Nación y tendrán la facultad de conciliar a nombre de ella.

Así, en el caso de una demanda por incumplimiento de un contrato de parte de la Nación, el representante legal del organismo correspondiente podrá conciliar con el afectado en busca de evitar un pleito millonario.

Finalmente, la ley establece la conciliación en materia penal a través de conciliadores en equidad o jueces de paz que asuman en primera instancia el conocimiento de todas aquellas causas susceptibles de transacción, desestimiento o conciliación.”

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2. Fecha: 21 de marzo de 1991

Titular: LA DESCONGESTIÓN JUDICIAL

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-47483

Resumen: “Se aspira con razón a dar mayor celeridad a la administración de Justicia. Objetivo que en mayor grado podrá alcanzarse con el estímulo de la conciliación de intereses en controversia, tanto en lo civil como en lo laboral y lo penal, y con la autorización para que en las Universidades, las Cámaras de Comercio y los Colegios de Abogados puedan integrarse centros privados de conciliación. Lo cual equivale, ciertamente, a una más democrática participación de la comunidad en la superación de sus diferendos.”

 

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3. Fecha: 24 de mayo de 1991

Titular: DESCONGESTIÓN JUDICIAL

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-88750

Resumen: “Otra reforma de gran importancia para descongestionar la Rama Judicial es lo referente con el estímulo a la conciliación. La acción legal ante un juez se utiliza multitud de veces para intimidar y ablandar a la contraparte. La conciliación ha reducido en un 35 por ciento los pleitos laborales. En Bienestar Familiar se concilian diariamente millares de conflictos familiares. A la gente hay que educarla para que arregle pacífica y civilizadamente sus desacuerdos. En el Japón, lo último que hace un ciudadano con dificultades personales es acudir al juez.”

 

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4. Fecha: 6 de junio de 1991

Titular: JUECES DE PAZ Y CENTROS DE CONCILIACIÓN PARA MEDELLÍN

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-97310

Resumen: “Con la visita a esta ciudad del viceministro de justicia, Francisco Zapata Ospina, se iniciaron los contactos para nombrar los jueces de paz y establecer los centros de conciliación, como mecanismo para enfrentar los problemas de violencia que vive Medellín. Zapata se reunió con el secretario de gobierno, Carlos Alberto Atehortúa y con representantes del Tribunal Superior de Medellín para buscar una vía que permita la puesta en marcha de esta medida lo antes posible.”

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5. Fecha: 14 de junio de 1991

Titular: LAS CÁMARAS Y LA JUSTICIA:

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-102784

Resumen: “Con la coordinación de Confecámaras, los directores jurídicos de las Cámaras de Comercio del país, se reunirán hoy con el ministro de Justicia Jaime Giraldo Angel. La reunión tendrá como objeto ultimar detalles para la puesta en marcha de los centros de arbitraje y conciliación en los términos de la Ley 23 de marzo de 1991, por medio de la cual se crean se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales y convenir las bases del reglamento de funcionamiento de estos centros.”

 

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6. Fecha: 8 de agosto de 1991

Titular: LEY DE DESCONGESTIÓN: 1ER ESCOLLO EN EL CONGRESITO

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-135130

Resumen: “Atendiendo preceptos de la ley de descongestión de la Justica, un agente fiscal de Bucaramanga acaba de fijar fecha para audiencia de conciliación entre las partes en conflicto. La meta es evitar que otro expediente termine en los tribunales y contribuya a atiborrar los despachos judiciales. El pleito es de origen contencioso administrativo. Un particular pretende obtener indemnización estatal. El fiscal confía en presionar el acuerdo. Sin embargo, solo le será posible conocer el resultado de su gestión dentro de nueve meses, en abril de 1992, cuando se produzca la audiencia.”

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7. Fecha: 21 de agosto de 1991

Titular: LEY DE DESCONGESTIÓN ESTÁ EN LA CUERDA FLOJA

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-140635

Resumen: “La Comisión Legislativa o Congresito decidió vetar el nuevo proyecto de Ley sobre descongestión judicial ayer por la noche. Los comisionados perciben vientos de impunidad y caos ante la eventual aplicación de diversas disposiciones, y prefieren que el proyecto retorne al Ministerio de Justicia, su lugar del origen, para una refacción total. (…)

Junto con estas objeciones, han surgido otras. En materia civil, laboral y contencioso administrativa, el proyecto abre las puertas a la conciliación.

Así, cuando después de un año no se ha producido una decisión definitiva en el proceso, los afectados pueden retirar el proceso del juzgado y solicitar la intervención de un conciliador. Si esta no prospera, entonces se hace obligatorio el arbitramento.

La norma coinciden González Rubio y sus homólogos es abiertamente inconstitucional, porque la nueva Carta solo acepta el arbitramento como resultado del consenso entre las partes .

Finalmente, en materia contencioso administrativa, ha advertido con alarma el Consejo de Estado, es imposible entrar a conciliar una ordenanza departamental o un acto administrativo.

Con base en estas observaciones y los escasos resultados prácticos de la Ley sobre Descongestión que actualmente se encuentra vigente caos en las inspecciones de policía, impunidad en material penal y falta de infraestructura en materia de centros de conciliación y arbitramento, los comisionados han optado por sugerir al Gobierno otras vías para descongestionar.”

 

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8. Fecha: 9 de noviembre de 1991

Titular: REVOLCÓN EN ESTRATEGIA DE DESCONGESTIÓN JUDICIAL

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-187256

Resumen: “Finalmente, la administración Gaviria y el Congresito, con la justicia civil como base, se proponen dar un impulso audaz a la conciliación.

Los ciudadanos podrán en cualquier momento intentar la conciliación y señalar a quién han designado para realizarla.

El conciliador y este es otro aspecto nuevo de la estrategia podrá ser cualquier particular, sin título de abogado.

Podrá ser conciliador toda persona mayor de edad y ciudadano en ejercicio, quien quedará transitoriamente investido de la función de administrar justicia , señala la norma respectiva.

La idea explicó Coral es que los ciudadanos en conflicto puedan acudir si lo desean a un amigo mutuo o a una persona que, conociendo el caso, merezca gran credibilidad para las partes enfrentadas .

Las decisiones adoptadas en materia de conciliación harán tránsito a cosa juzgada. En caso de que la conciliación falle, las partes podrán aún acudir al arbitramento.”

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9. Fecha: 13 de diciembre de 1991

Titular: SÍ A DECRETOS DE CONCILIACIÓN

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-207530

Resumen: “La sala plena de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer exequibles siete artículos de la Ley 23 de 1991 de descongestión de los despachos judiciales que fueron demandados por inconstitucionalidad. La parte del decreto estudiada por la Corte, en la última sesión plenaria de este año, se refiere a la conciliación contencioso administrativa, artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley 23 de 1991. (…)

La Corte sólo declaró inconstitucional una frase del artículo 60, que hace relación con la intervención de la Procuraduría en casos de conciliación, que esta entidad la calificará y si encuentra serias y razonables las solicitudes .

Esta parte de la decisión fue adoptada porque, según los magistrados del máximo tribunal, se excedían las atribuciones del Ministerio Público, el cual debe propiciar el arreglo pero no tiene facultades para decidir o calificar.”

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10. Fecha: 24 de diciembre de 1991

Titular: DESCONGESTIÓN EN 1991: 75.929 CONCILIACIONES

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-214014

Resumen: “En materia de resolución de conflictos, un significativo índice de colombianos empieza a desechar la instancia de los estrados judiciales y a optar por las vías de la conciliación. Sólo entre enero y octubre de este año, ciudadanos involucrados en contiendas civiles, laborales, de familia e inclusive en contravenciones menores, lograron acuerdos de conciliación que evitaron la apertura de 75.929 nuevos procesos en juzgados de todo el país.

Los resultados del sistema de conciliación se constituyen así en el rostro amable de la estrategia de descongestión que, en el terreno penal, arroja altos niveles de impunidad a través del archivo de expedientes.

El nuevo instrumento de la conciliación ha entrado a jugar un papel definitivo, sobre todo en el ámbito de los conflictos laborales.

Un consolidado nacional en poder del ministro de Justicia, Fernando Carrillo Flórez, señala que entre enero y junio de 1991 las inspecciones del Trabajo obtuvieron acuerdos extralegales entre partes en 24.300 de 30.281 asuntos. Esto es en el 77 por ciento de los casos.

El mismo índice se mantuvo entre julio y octubre pasados. Del total de causas: 23.015, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social obtuvo 17.762 conciliaciones.

En concepto del Ejecutivo, ambas realidades estadísticas operan en favor de la efectiva descongestión de la justicia laboral en donde el 58 por ciento de los procesos tarda más de un año en llegar a sentencia final.

La otra órbita de exitosa acción del mecanismo de conciliación es la que tiene que ver con litigios de familia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) obtuvo solución concertada en 12.840 audiencias, del total de 20.264 que practicó entre enero y agosto de este año.

Esa cifra representa soluciones extralegales del 63.36 por ciento en procesos de suspensión de la vida en común de los cónyuges, custodia de menores, fijación de cuota alimentaria, separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal y separación de cuerpos.

Entre tanto, las comisarías permanentes de familia 37 instituciones en todo el país, concebidas como auxiliares del ICBF y en funcionamiento desde marzo pasado han conciliado en promedio, sólo en Bogotá, 2.300 causas cada una. Centros de conciliación Los resultados han sido menos significativos, pero empiezan a producirse en lo que hace a hechos relacionados con las 19 conductas delictivas que la Ley 23 de 1991 convirtió en contravenciones y puso en conocimiento de las inspecciones de Policía.

Esto es, entre otros, lesiones personales con incapacidad menor a treinta días; estafa hasta por 500 mil pesos; hurto por uso y entre condueños y violación de domicilio. Los inspectores han obtenido 7.867 conciliaciones, pero hay alrededor de 200 mil expedientes en curso.

Con todo, de acuerdo con el estudio preparado por la Oficina de Investigaciones Socio-Jurídicas del Ministerio de Justicia, la estrategia debe arrojar en 1992 nuevos y mejores resultados.

La razón de ello, observa el documento, es la capacitación efectiva este año de 1.000 inspectores de policía que en el futuro cumplirán su misión con la tutoría de jueces municipales.

En esa misma línea afilar el sistema median otros elementos: creación de otras 39 inspecciones del trabajo; puesta en marcha de centros de conciliación privados en veinte universidades y otro tanto en agremiaciones de abogados y cámaras de comercio y, finalmente, implementación del sistema de jueces de paz.”

IOA 2016 Annual Conference

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La Asociación Internacional de Ombdusmen, conocida por su sigla en inglés IOA, realizará su conferencia anual número 11 en Seatle, Estado de Washington, Estados Unidos. Como es costumbre, el programa cuenta con conferencista de primer nivel.

Fecha: 10 al 13 de abril

Lugar: Seatle, Estados Unidos

Organiza: IOA

Precio: $705 USD

A continuación se hace una selección de las conferencias que llaman la atención del narrador de este blog:

 

  • Friendly, Friend, or More? Ombudsperson Relationships in the Workplace por Sarah Klaper, University Ombudsperson, Northern Illinois University
  • New Research on Ombuds Offices: Findings and Guidance por Timothy Hedeen, Ombuds and Professor of Conflict Management, Kennesaw State University; Joyce De-Graft Acquah, Doctoral Student/Research Assistant, Kennesaw State University; Mary Rowe, Adjunct Professor of Negotiation and Conflict Management, Massachusetts Institute of Technology
  • What Would You Do? Navigating Ethical Principle Dilemmas por Dolores Gomez-Moran, Ombudsman, Pan American Health Organization; Lynne Chaillat, EMEA Ombuds, McKinsey & Company; Melissa Connell, Director, Ombuds Office, University of Colorado, Denver; Donna Douglas Williams, Director, Ombuds Program, MD Anderson Cancer Center; Mary Beth Stevens,Ombudsman, Los Alamos National Laboratory; Ronnie Thomson, Corporate Ombudsman, Haliburton; Shreya Trivedi, University Ombuds Officer, University of Central Florida
  • Culture, Fairness and the Brain: Model for Effective Conflict Engagement por Shirley Nakata, Ombudsperson of Students, University of British Columbia
  • A Transgender Primer for the Ombuds por Michael Steinberg, Associate Ombuds, Columbia University

Para mayor información se puede consultar:

https://www.ombudsassociation.org/Conferences-Professional-Development/Annual-Conference/2016-Annual-Conference-Save-the-Date!.aspx

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ABA 18th Annual Spring Conference

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En el mes de abril se realizará en Nueva York la Conferencia Anual de Primavera de la ABA sobre los ADR o Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Fecha: 7 al 9 de abril

Lugar: Nueva York, Estados Unidos

Organiza: División de ADR de la ABA

Precio: $715 USD

Los organizadores han diseñado un programa que puede ser buscado por tema de interés de MASC, este evento promete ser uno de los mejores del año, a continuación se presentan todas las áreas de MASC incluidas:

  • Advocacy in ADR
  • Arbitration – Domestic & International
  • Collaborative Law
  • Communications, Neuroscience, and Psychology
  • Dispute Systems Design
  • Dispute Resolution Generally
  • Diversity
  • Employment and Labor
  • Ethics
  • Family
  • Government and Public Policy
  • Health Care
  • In-House Counsel
  • International
  • Legal Practice and Dispute Resolution
  • Mediation
  • Negotiation
  • Ombuds
  • Practice Management and Business Development
  • Research
  • Securities ADR
  • Social Justice and ADR
  • Technology
  • Tools for Trainers
  • Young Lawyers/New Practitioners
  • Secrets of Success in Arbitration
  • Symposium on ADR in the Courts
  • Court ADR
  • Legal Educators Colloquium

Para mayor información se puede consultar:

http://shop.americanbar.org/ebus/ABAEventsCalendar/EventDetails.aspx?productId=226174574

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¿Qué tiene que ver la conciliación con la discusión entre Restrepo y Bejarano?

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Rara vez la conciliación es noticia en Colombia. No suele ser “noticia” porque es un método de resolución de conflictos que no es interesante para los medios de comunicación y no ha sido un tema prioritario en la agenda pública en nuestro país. Sin embargo, en los últimos días, dos personas debaten sobre la conciliación.

El primero fue Juan Diego Restrepo quien escribió en la Revista Semana un artículo titulado: “¿Argos, detrás de demanda a Ley de Restitución de Tierras?” en dicho artículo, dice en resumen lo siguiente:

“El 18 de diciembre de 2015 se radicó ante la Secretaría General de la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del artículo 94 de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Reclamación de Tierras. El texto cuestionado precisa que “no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno”. (…)

[El propósito del demandante] es que la Corte Constitucional declare inexequible o, en su defecto, exequibilidad condicionada, la expresión “ni la conciliación” del referido artículo porque a su juicio vulnera los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política que garantizan, en su conjunto, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

En la exposición de motivos, Londoño Arango conceptúa que la figura jurídica de la conciliación “es por supuesto garante de los postulados constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues a través de su uso las personas pueden alcanzar soluciones pacíficas y expeditas a sus conflictos”. Ante la prohibición consagrada en el artículo 94 de la Ley de Restitución de Tierras, el jurista advierte que “en abstracto y de forma general es una limitación absurda y contraria a la constitución”.

La Ley 1448 de 2011 introdujo el concepto de la “no conciliación” con el fin de evitar, entre otras cosas, que a través de figuras como esa se dilatara el proceso de restitución a las víctimas de despojo de tierras y se continuaran violando sus derechos de acceso a las propiedades que les fueron arrebatadas de diversas maneras por inescrupulosos que se aprovecharon del conflicto armado.

Londoño Arango ataca ese espíritu de la ley y le pide a la Corte Constitucional que “de no declarar la inexequibilidad de la disposición acusada, en todo caso condicione la constitucionalidad de esta norma y permita que en determinadas ocasiones, cuando la conciliación conduzca a un pronto y más efectivo reconocimiento de derechos de las víctimas, ésta pueda ser utilizada por las partes bajo la supervisión de un juez”. (…)

Lo que está en juego no es poca cosa; otras grandes empresas envueltas en esos mismos problemas podrían verse beneficiadas y, por la vía de la conciliación desde una posición dominante, legalizar las tierras que compraron en escenarios de guerra.”

El segundo (en respuesta al primero) es una columna en la misma revista, escrita por Ramiro Bejarano con el título: “La conciliación en la Ley de Tierras”, en resumen dice lo siguiente:

“en mi criterio la norma no era contraria a la Constitución, porque en ella no se prohibía a las partes conciliar ni transigir, sino simplemente adelantar un trámite de conciliación. Le puse de ejemplo, que el citado artículo también prohibía reconvenir, pero que ello no constituía una prohibición al demandado para hacer valer sus derechos formulando una demanda separada ante otro juez. (…)

El artículo 94 de la ley 1448 de 2011 prevé que en los procesos de restitución de tierras no son admisibles algunos trámites, entre otros la conciliación. Esa disposición ha sido entendida por algunos como prohibición de conciliar y transigir, con el peregrino argumento de que eso favorece a quienes son demandados y no a las víctimas. Nada más equivocado. En primer término, la ley no prohibió la conciliación sino su trámite, lo que es bien diferente. En efecto, en parte alguna la ley prohíbe a las partes conciliar ni menos transigir, pues lo que se prohibió fue adelantar en el proceso un trámite de conciliación. Eso significa que si las partes quieren conciliar por fuera del proceso judicial, pueden hacerlo sin ninguna limitante, con tal de que el juez que conoce del proceso no tenga que implementar un trámite de conciliación. (…)

Se necesita no conocer bien la ley 1448 de 2011 para sostener la postura de que las víctimas están en condiciones de inferioridad en el proceso de restitución de tierras y que por eso no se les debe permitir conciliar o transigir, cuando ellas llegan protegidas a ese debate judicial con presunciones en su favor de que fueron despojadas o desplazadas, las cuales tiene que desvirtuar el demandado en cada caso. No hay, pues, como concluir que una conciliación o transacción resultará perjudicial para una víctima que, en todo caso, está protegida por la ley y además por el juez que conoce del proceso de restitución de tierras, ni menos que los demandados están en una posición “dominante”. (…)”

La noticia entonces no es la conciliación, sino las intenciones que se asignan a las personas o empresas interesadas en que la norma permanezca o desaparezca del ordenamiento jurídico colombiano. Es lamentable que un método de resolución de conflictos pensado y desarrollado por muchos, para servir a las personas en la gestión autocompositiva de los conflictos, esté en medio de una polémica de esta naturaleza.

Sin perjuicio de lo anterior, la pregunta que sigue sin responder es: ¿Cuál fue el espíritu del legislador al prohibir la conciliación en los procesos de restitución de tierras? La norma textualmente dice:

“ARTÍCULO 94. ACTUACIONES Y TRÁMITES INADMISIBLES. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno.”

Teniendo en cuenta la definición legal de la conciliación establecida en el artículo 64 de la Ley 446 de 1998 y adecuándola al contexto del artículo 94 de la Ley 1448 de 2011, se podría entender como una actuación de las partes para que el juez la desarrolle como tercero neutral e imparcial. Ciertamente, la conciliación no es un trámite, las normas especiales sobre conciliación no la califican como tal, a pesar que se pueda entender como un trámite a agotar y no como el método que tiene como fin solucionar un conflicto a través del diálogo facilitado por el conciliador.

Por otra parte, en la exposición de motivos del proyecto de Ley 213 de 2010 Senado, 107 de 2010 Cámara (futura Ley 1448 de 2011) publicada en la Gaceta No 63/11 se menciona el propósito del legislador al crear el procedimiento para la restitución de tierras en los siguientes términos:

“El texto propuesto en el acápite correspondiente a la restitución de tierras, tiene como propósito hacer realidad en forma expedita y segura el derecho de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente por actos generalizados de violencia armada ilegal desde 1991 hasta la vigencia de la presente ley, mediante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras quien impulsará el proceso, aporte los elementos probatorios que permitan al Magistrado de las Salas de Restitución de Tierras de los Tribunales Superiores de Distrito, dictar la sentencia con suficientes elementos de juicio, de tal forma que en corto término se produzca un fallo definitivo, que restituya la tierra al despojado y determine las sumas que deba pagarse a los terceros que hayan demostrado sus derechos legítimos en el proceso.

Lo anterior, fundado en el marco en la justicia transicional y en el establecimiento de áreas prioritarias para el proceso de restitución despojo de tierras elaborada por el Gobierno. Se crea un sistema de registro de predios despojados, que establece la posesión, la ocupación y propiedad despojadas, de manera que los magistrados apliquen presunciones legales y la inversión de la carga de la prueba a favor de los despojados y ordenen la restitución en procesos de única instancia con un recurso excepcional, así como para quienes se oponen en el proceso de restitución, deberán hacer valer su derecho de acuerdo a un procedimiento expedito.

Este proceso gravitará sobre la presunción de la ausencia de consentimiento en todas las transferencias o cambios posesorios en las zonas donde haya habido violencia armada ilegal en el tiempo de despojo y sobre los cuales los despojados reclamen la restitución del derecho despojado. La sentencia ordenará la titulación de los predios restituidos, independientemente de su condición anterior. De esta forma se logra transformar los predios restituidos en patrimonio negociable en el mercado formal.

Se incluyen disposiciones tendientes a proteger los derechos sobre la tierra que hayan sido entregados al despojado, para lo cual se propone, de una parte que los derechos a la restitución no sean negociables, y que la tierra no pueda ser negociada con terceros, sino transcurridos más de dos años.”

Efectivamente, desde el inicio del proyecto de ley se estableció la inadmisibilidad de la conciliación dentro del procedimiento de restitución y protección de derechos de terceros (ver artículo 95 del proyecto de ley).

Teniendo en cuenta que aunque la exposición de motivos de la ley no dice cuál es la finalidad de considerar la conciliación una actuación (¿o trámite?) inadmisible, en el contexto de la exposición de motivos se menciona que las transferencias o cambios posesorios de las tierras despojadas tienen como presunción la ausencia de consentimiento de la persona que las reclama y que se hizo mediante violencia armada ilegal. Tanto así que posterior a la decisión del juez, la ley establece que los derechos de restitución no sean negociables por un periodo de dos años.

Con base en lo anterior, se podría entender que la conciliación no es un método adecuado para resolver conflictos sobre la restitución de tierras por las siguientes razones:

  • La conciliación no se recomienda en situaciones donde las partes hayan sido víctimas de violencia –máxime si la violencia fue armada ilegal-
  • La conciliación está basada en la autonomía de la voluntad de las partes y el despojo de las tierras tiene la presunción de ausencia de consentimiento ¿Se podría pensar que en el procedimiento de restitución de tierras los reclamantes tienen autonomía de su voluntad para conciliar? ¿Tendrían los reclamantes una voluntad libre y espontánea con un operador extrajudicial de la conciliación?
  • La conciliación sólo puede versar sobre conflictos o derechos de libre disposición de las partes y la ley establece que los derechos a la restitución no son negociables. Lo que no es negociable no es transigible y por lo tanto no es conciliable.
  • Parece ser que el argumento de la inadmisibilidad de la conciliación en el procedimiento de restitución y protección de derechos de terceros no fue el promover la celeridad del trámite en sí mismo, porque si así fuera, se hubiera permitido la conciliación como un mecanismo ágil y eficiente para restituir las tierras despojadas. Podría pensarse que la prohibición de la conciliación fue por la materia conciliable (derechos de restitución).
  • De acuerdo con la exposición de motivos citada, la finalidad del procedimiento de restitución y protección de derechos de terceros es producir un fallo definitivo, que restituya la tierra al despojado y determine las sumas que deba pagarse a los terceros que hayan demostrado sus derechos legítimos en el proceso. Se podría concluir que es un tema reservado por el Estado y no un escenario de conciliación entre particulares.

Esperemos que la conciliación sea noticia por sus aportes a la construcción de paz en Colombia.

ARyME destaca ensayo sobre mediación narrativa

El conocido y muy recomendado sitio Web ARyMe ha incluido y destacado en su reporte de marzo el ensayo de Harbey Peña Sandoval titulado: “Mediación narrativa: técnicas y método para resolver conflictos en las organizaciones”

Aryme

 

Para leer el artículo sobre mediación narrativa, por favor hacer click en los siguientes vínculos:

http://aryme.com/ensayos-adr/

http://aryme.com/ensayos-adr/505/mediacion-narrativa-tecnicas-y-metodo-para-resolver-conflictos