Propuestas para las Bases del PND 2018-2022 en materia de Métodos de Resolución de Conflictos

DNP-Slider-Banners-PND-01

 

En la nota anterior en este blog se compartieron unos comentarios breves sobre las Bases del PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” en relación con los métodos de resolución de conflictos -MRC-; en esta oportunidad, se mencionan algunas apuestas que quizás se pudieron haber incluido en el Plan.

  • ¿Cuál podría ser la apuesta del PND? Si se piensa en un objetivo que se pueda lograr en un cuatrienio, podría ser: aumentar el conocimiento de la población en materia de los MRC. Para medir este propósito, se podría tomar la encuesta que hace la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP donde una de las preguntas es si conocen o no los ciudadanos los métodos. Esta apuesta empezaría a abordar el problema principal que está identificado como la falta de conocimiento de la población sobre los MRC. Para profundizar este punto se puede consultar el documento Recomendaciones para la Inversión Pública en Conciliación
  • Una estrategia necesaria es formalizar y articular el Sistema Nacional de Conciliación -SNC-. Desde 1991 en Colombia se ha impulsado la conciliación con iniciativas de diferentes sectores e instituciones de manera aislada. Lo anterior sin perjuicio del liderazgo que ha tenido el Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que ha trabajado como el Quijote. La institucionalidad responsable y asociada a la conciliación no desarrolla su trabajo de manera articulada y complementaria. Esto hace que el Ministerio de Justicia y del Derecho esté sobrecargado y que las actividades de otras entidades no sean visibles o simplemente no las hacen por no considerar que hacen parte de un objetivo común: el SNC. Esta es una tarea fundamental para el desarrollo de la conciliación. El PNC es el escenario ideal para sentar en una sola mesa a todas las entidades del SNC para que después de un diálogo se comprometieran con aportes concretos para lograr un propósito en común. La propuesta planteada en las Bases del PND volvió a dejar casi solo al Ministerio de Justicia y del Derecho. Para profundizar este punto se puede consultar el documento Recomendaciones para la Inversión Pública en Conciliación
  • La conciliación debería tener un objetivo claro y unificado y estar alineada con un marco conceptual. Ya es tiempo de dejar a un lado algunos propósitos de la conciliación como son el acceso a la justicia, la descongestión judicial o la reducción de la criminalidad. La propuesta es que la conciliación tenga como objetivo la resolución de los conflictos, entendida en su sentido amplio y no solamente de número de acuerdos firmados. Este objetivo debería estar enmarcado en la construcción de paz que es la sombrilla donde la conciliación puede dar frutos en una realidad compleja. El principal problema no es la oferta de la conciliación y por ende entender que se aumenta el acceso a la justicia, sino que los ciudadanos que ya la tienen en sus municipios no la utilizan porque no la conocen. Otra asociación que parece estar en las Bases del PND es que la conciliación está para satisfacer las necesidades jurídicas de los ciudadanos, ésta conceptualización contradice el concepto mismo de conflicto, pero este no es el espacio para desarrollar esta línea argumentativa. Para profundizar este punto se puede consultar el documento Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en sus 25 años
  • Las metas propuestas en el PND que son: 1. Aumentar el número de municipios con conciliación en equidad implementada (269 en 2018 a 300 en 2022) y solicitudes de MRC atendidas (627.903 en 2018 a 1.314.389 en 2022) deberían ser revisadas porque en principio podrían no ser apuestas novedosas y que requieran de un esfuerzo más allá de lo cotidiano del gobierno para cumplirse. Por ejemplo, de 2015 a 2018 el Ministerio de Justicia y del Derecho fortaleció la conciliación en equidad en 98 municipios. No es claro en los datos reportados cuántos de estos eran nuevos (implementación del MICE) y cuántos fortalecimientos a través de capacitación. Sin embargo, la meta propuesta es de 31 municipios. La pregunta que queda es ¿En cuántos municipios se implementó la conciliación en equidad en el cuatrienio 2015-2018? De la respuesta se podría deducir si la meta es una apuesta ambiciosa. Pero más allá de la cobertura de la conciliación en equidad, la pregunta debería ser qué sucede después de la implementación del MICE, en qué medida los conciliadores en equidad están conciliando en el país. La otra meta es de solicitudes de MRC atendidas. En el periodo 2015-2018 se atendieron 627.903 casos de conciliación. Esta cifra trasladada al periodo 2018-2022 tendría un promedio de 156.975 para un total de 1.255.806 casos en 2022. Si la meta es de 1.314.389, el promedio anual de casos del próximo cuatrienio sería de 171.621, cifra que en principio es menor a la alcanzada en 2018 (n=198.695). Aunque no es claro cómo se calculó la meta 2018-2022, se podría entender que no es una apuesta que le apunta al crecimiento si el promedio anual es menor al último año reportado. Una opción para entenderlo sería que se están sumando los casos de arbitraje y amigable composición, pero esto reforzaría la hipótesis que no hay un aumento significativo en la atención de los métodos.
  • Otra propuesta para las metas de la Bases del PND es el incluir indicadores de resultado de la gestión del gobierno. ¿Qué metas podrían considerarse? A manera de ejemplo:
    • Porcentaje de acuerdos conciliatorios diferenciados por materias y operadores, el caso más preocupante de acuerdos es de las conciliaciones contencioso administrativas y el de los operadores son los notarios que muchos de ellos no están realizando conciliaciones.
    • Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales.
    • Oferta/gestión de la conciliación en municipios rurales y rurales dispersos.
    • Oferta/gestión de la conciliación en municipios considerados de alta conflictividad.
    • Número de abogados capacitados en conciliación y arbitraje que cumplan estándares de calidad.
    • Número de funcionarios públicos (incluyendo jueces) capacitados en conciliación y arbitraje que cumplan estándares de calidad.
    • Porcentaje de conciliadores y árbitros activos.
    • Porcentaje de conciliaciones judiciales de los jueces.
    • Porcentaje de satisfacción de los usuarios de la conciliación y el arbitraje.
    • Porcentaje de profesionales del derecho dedicados a la conciliación y el arbitraje.
    • Porcentaje de reporte de los operadores de los MRC en el SICAAC.

¿Está de acuerdo con estas propuestas? ¿Qué propuestas tiene usted?