Nuevo link y plataforma para el Webinar: Los conciliadores en acción frente a la crisis del COVID-19

Cordialmente invitados al Webinar organizado por el Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Nuevo link y plataforma del Webinar:
Link: https://renata.zoom.us/j/97624424312
Contraseña de Reunión: 454709

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Video del webinar: Reflexiones sobre la Conciliación en Tiempos del COVID-19 realizado por la Universidad Simón Bolívar

El Centro de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, realizaron el WEBINAR “Reflexiones sobre la Conciliación en Tiempos del COVID-19” el día miércoles 15 de abril de 2020 con la presentación de Harbey Peña Sandoval. El Webinar contó con la asistencia de 300 personas.

El video puede ser descargado en el siguiente link por un periodo de 7 días.

https://we.tl/t-VlyESscTGB

Gracias a todos los participantes por sus asistencia y preguntas.

Los conciliadores somos parte de la solución a los conflictos del COVID-19

Centro de Conciliación de la Cámara de Comerdio de Bucaramanga lanza programa de conciliaciones gratuitas en conflictos de arrendamiento

Conoce el programa gratuito que desde el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga hemos creado para apoyar a los comerciantes que necesiten negociar las diferencias por los incumplimientos de pago de los cánones de arrendamiento de locales comerciales. Ingresa al link y conoce las condiciones: https://lnkd.in/eqmZpkE

El Centro de Arbitraje y Conciliación lanza servicio gratuito de conciliación para conflictos de arriendos

En el periódico El Espectador se publicó una nota del CAC de la CCB. A continuación se comparte parte de la información.

Así puede conciliar controversias en contratos de arriendo comercial durante la emergencia

13 Abr 2020 – 3:50 PMRedacción Economía.

El nuevo servicio a disposición de los empresarios y comerciantes se prestará de manera virtual con la ayuda de un abogado conciliador experto.

Si usted tiene controversias en contratos de arrendamiento comerciales por cuenta del coronavirus, ahora podrá resolverlas con la intermediación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

El nuevo servicio a disposición de los empresarios y comerciantes se prestará de manera virtual y busca ayudarle a los arrendadores y arrendatarios de locales, oficinas, establecimientos de comercio y bodegas a lograr acuerdos en beneficio de todos, con la ayuda de un abogado conciliador experto.

Además, para los casos en que la controversia tenga una cuantía de entre $0 y $7 millones, la solicitud será tramitada de forma gratuita para quienes se encuentren inscritos en la CCB como empresa o como persona natural comerciante.

La Cámara resaltó que se tramitarán máximo tres solicitudes gratuitas por comerciante o empresa inscrita y que este beneficio en el valor no aplica para inmobiliarias, aseguradoras, ni afianzadoras. Y si durante la audiencia se determina que la cuantía es superior a los $7 millones, se solicitará el ajuste del pago correspondiente.

Para continuar leyendo el artículo hacer click aquí

Conciliemos número 2

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha lanzado el segundo número de la revista Conciliemos. Felicitaciones al CAC por continuar con la promoción y análisis de la conciliación en Colombia.




Para descargar y leer completo Conciliemos hacer click aquí

¿Centros de conciliación con funciones jurisdiccionales?

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La reconocida web de La Silla Vacía ha publicado una nota sobre el proyecto de acto legislativo por medio del cual se reforman algunos aspectos de la administración de justicia. En el artículo primero de dicho proyecto se adiciona el artículo 116 de la Constitución Política otorgando funciones jurisdiccionales a los centros de conciliación. Como se conoce, las funciones de administración de justicia por particulares no pueden ser absolutas y por ello se establecen las siguientes condiciones: 1. La función jurisdiccional es excepcional. 2. La función jurisdiccional es transitoria. 3. Los asuntos deben ser solicitados de mutuo acuerdo por las partes o en los asuntos declarativos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud. Todo lo anterior será reglamentado por una ley. El texto pertinente publicado por La Silla Vacía es el siguiente:

“PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO ____ DE 2019

“por medio del cual se reforman algunos aspectos de la administración de justicia y se dictan otras disposiciones”

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º.

 Adiciónese el siguiente inciso al artículo 116 de la Constitución Política: De manera excepcional y transitoria, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y/o centros de conciliación en asuntos en los que acudan las partes por mutuo acuerdo o en los asuntos declarativos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud. La ley igualmente podrá desjudicializar algunos asuntos.”

Este proyecto tiene varios aspectos que son problemáticos y preocupan en la disciplina de conciliación como se resumen a continuación:

  • Los centros de conciliación son instituciones muy sui generis ya que no son personas jurídicas, sino que son una unidad que pertenece a una persona jurídica sin ánimo de lucro, una entidad pública o un consultorio jurídico de una facultad de derecho de una universidad. Para su creación se requiere autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. Con base en esto, la duda que surge es si es constitucional autorizar a unidades de personas jurídicas para administrar justicia. Colocando otro ejemplo sería como autorizar a la oficina jurídica de las entidades sin ánimo de lucro a administrar justicia. No existe una diferencia jurídica de fondo en entre la naturaleza de un centro de conciliación y cualquier otra oficina de las personas jurídicas.
  • Los centros de conciliación están definidos en el artículo 2.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 que dice: Es aquel autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para que preste el soporte operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo de las funciones de los conciliadores y en especial para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 3 del Libro 3 del Código General del Proceso. Como se puede leer, la razón de ser de un centro de conciliación es prestar soporte operativo y administrativo para llevar a cabo las conciliaciones y la facultad de administrar justicia desvirtuaría su función.
  • La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la naturaleza de los centros de conciliación y arbitraje y ha establecido claramente la prohibición de administrar justicia. En particular se pueden revisar las Sentencias SU-600 de 1999, C-893 de 2001, C-917 de 2001 y C-1032 de 2002 de la Corte Constitucional.
  • La posición de autorizar a los centros de conciliación para que administren justicia es contraria a la misma línea institucional de conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho como está definido en el concepto 15161 del 12 de noviembre de 2004 donde menciona que la naturaleza del centro de conciliación es operativa y administrativa.
  • La futura ley que reglamente este artículo tendría que definir quién o quiénes en los centros de conciliación serían autorizados para administrar justicia. Aquí es donde surge la mayor preocupación si se llega a determinar que serían los conciliadores inscritos en dichos centros porque la función de un juez y el trabajo de un conciliador son diferentes. Los teóricos de la mediación, ya que la literatura se refiere a este método y no la conciliación, han advertido en diferentes investigaciones que el perfil de un abogado y el de un conciliador pueden ser contradictorios. Para ello se puede revisar lo afirmado por Riskin y Guthrie sobre el mapa filosófico estándar de los profesionales del derecho en el cual indican que el pensamiento de los abogados es de perspicacia analítica, sin inteligencia emocional, orientación adversarial y comunicación lógica y lineal. Por el contrario, los conciliadores requieren comprensión del ser humano, inteligencia emocional, orientación colaborativa y comunicación circular.
  • El perfil de una persona que toma decisiones y de una que ayuda a resolver conflictos es diferente y si se autoriza a los conciliadores a obrar como jueces lo que podría ocurrir en la práctica es un fortalecimiento de sus marcos referenciales a favor del derecho heterocompositivo y no de la resolución de conflictos voluntaria.
  • No solamente puede ser problemático el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de los centros o sus conciliadores, sino que se podría generar mayor confusión en los ciudadanos sobre lo que es un conciliador y lo que es un juez. A pesar que han pasado 29 años de institucionalizarse la conciliación en Colombia, aún muchos ciudadanos confunden a los conciliadores con el funcionario que los asocian: el juez. Las personas que acudan a un centro de conciliación autorizado para administrar justicia pueden entender después que en la conciliación el acuerdo es obligatorio, que el conciliador tiene autoridad, que la conciliación es como un proceso judicial ¿De qué manera se explicaría claramente al ciudadano que el conciliador en su rol de conciliación es una cosa y en su rol de juez es otra diametralmente distinta? ¿Estaría el ciudadano en capacidad de conciliar con total autonomía de su voluntad si su experiencia previa ante un juez-conciliador ha sido la de tomar una decisión?

Esta propuesta de acto legislativo debería ser estudiada cuidadosamente, no solo por la finalidad que busca, sino para evaluar si la función de administrar justicia en cabeza de los centros de conciliación y, posiblemente sus conciliadores, es la opción más conveniente y oportuna para el futuro de la conciliación en Colombia. Sería muy preocupante que la prospectiva de la conciliación no sea como lo recomendó el estudio del Departamento Nacional de Planeación del año 2015 en el cual dice que se debería retomar la naturaleza de la conciliación hacia la resolución de conflictos toda vez que la vinculación de esta con el derecho no ha dado los mejores resultados y la ha limitado.

¿Hacia dónde vamos con las normas de la conciliación en derecho?

 

Es conocido por todos que desde el inicio de la conciliación en 1991, en Colombia, siendo fiel a su cultura hipernormativa, nos hemos dedicado a expedir normas como leyes, decretos, resoluciones, circulares, directivas y toda una serie de reglamentaciones para institucionalizar la conciliación.  Los expertos afirman y se quejan al mismo tiempo, que los colombianos necesitamos las normas porque somos un país de abogados. En este contexto, sería necesario para los profesionales en conciliación y la institucionalidad asociada a la misma, que hagamos una pausa y como parte del diálogo nos preguntemos ¿Hacia dónde vamos con las normas de la conciliación en derecho? El propósito de esta nota es proponer esa pregunta y algunas consideraciones al respecto, no necesariamente una respuesta.

Existe una tendencia fuerte en Colombia en ampliar el campo de acción de la conciliación a partir de la reglamentación legal. Casi todos los años se expiden normas que de una u otra manera mencionan la conciliación en especialidades y ámbitos de aplicación del derecho. El último ejemplo de ello es la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. Dicha ley tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma (artículo 1).

El contar con normas que promuevan en alguna medida la conciliación puede ser algo conveniente, pero también tiene algunos puntos problemáticos como lo explico a continuación.

Lo bueno de la Ley 1996 de 2019 en materia de conciliación

  • De manera abstracta, los conciliadores estarían apoyando la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad. Este objetivo es loable y necesario en la sociedad.
  • Contribuiría a comprensión y transformación de los conflictos de las personas con discapacidad, sus familiares y demás interesados a través de la conciliación, entendida como un escenario de diálogo.
  • Amplía el campo de acción de los conciliadores inscritos en los centros de conciliación permitiéndoles lo siguiente: 1. Suscribir acuerdos de apoyo. 2. Suscribir terminaciones y modificación a los acuerdos de apoyos. 3. Suscribir directivas anticipadas. 4. Suscribir ajustes razonables relacionados con las directivas anticipadas.
  • Permitiría que los conciliadores de los centros de conciliación tengan unos ingresos por una actividad autorizada. Esto podría sumarse como incentivo para la actividad profesional de los conciliadores.

Lo problemático de la Ley 1996 de 2019 en materia de conciliación

  • Las funciones habilitadas en la Ley 1996 de 2019 a los conciliadores de los centros de conciliación podrían ahondar el paradigma jurídico de la conciliación profundizando su enfoque en problemas jurídicos y no en conflictos. ¿Debería Colombia avanzar hacia la juridización de la conciliación?
  • Las funciones relacionadas con los acuerdos que deben quedar en actas no son para resolver conflictos, sino para plasmar declaraciones de las partes. En otras palabras, se podría desfigurar el sentido de la conciliación y la función del conciliador con el eje del conflicto y pasar a ser un tercero que guarda la fe pública como los notarios. El sentido y razón de ser de la actividad conciliatoria y la notarial no tienen nada en común. ¿Deberían cumplir los conciliadores funciones notariales?
  • La Ley 1996 de 2019 establece nuevas obligaciones a los conciliadores como:
    • Entrevistarse por separado con la persona titular del acto (artículo 17).
    • Verificar que es su voluntad suscribir el acuerdo de apoyo (artículo 17).
    • Poner de presente a la o las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren con la persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho (artículo 17).
    • Dejar constancia de haber discutido con el titular del acto jurídico las consecuencias o implicaciones de los actos incluidos en las directivas para su vida (artículo 23).
    • Realizar los ajustes razonables necesarios (artículo 24).

En principio, estas obligaciones son contrarias a la función de un conciliador y algunos principios de la conciliación. A manera de ejemplo, el realizar una reunión por separado en una conciliación es parte del principio de autonomía de la voluntad ya que las partes lo entienden y permiten si el conciliador lo propone. En los casos de la Ley 1996 de 2019 es una obligación hacer una reunión por separado. La obligación de verificar algo es ajena al conciliador, más aún cuando se trata de la voluntad de una persona. Poner de presente derechos es una actividad de los abogados y jueces, no de los conciliadores. La asesoría e ilustración legal no les corresponde a los conciliadores. ¿Estas obligaciones contribuirían al perfil del conciliador?

  • La Ley 1996 de 2019 genera una diferencia no muy clara entre la conciliación en derecho y equidad. Habilitando a los primeros y excluyendo a los segundos. Asimismo, dentro de los conciliadores en derecho excluyó a los servidores públicos habilitados para conciliar. En este punto es importante tener en cuenta que los centros de conciliación sólo llegan al 7% de los municipios del país. ¿Qué criterios se aplicaron para establecer que solamente un tipo de conciliadores podrían realizar esta función?

Espero que esta nota contribuya al diálogo que todos los interesados en la conciliación deberíamos dar sobre la prospectiva legal de la conciliación.

Consulte la Ley 1996 aquí

¿Para qué clasificar la conciliación?

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La conciliación en Colombia ha tenido clasificaciones desde su institucionalización en 1991. Las diferentes normas sobre la materia la han clsificado de la siguiente manera:

1991: judicial, extrajudicial y esta última ante autoridades administrativas, los centros de conciliación y los conciliadores en equidad.

1998: judicial y extrajudicial, siendo la última institucional, administrativa y en equidad.

2001: judicial, extrajudicial y que esta última se denominará en derecho y en equidad.

De la lectura de las anteriores clasificaciones se puede entender que la clasificación de la conciliación extrajudicial en los años 1991 y 1998 buscaba indicar ante quiénes se podía adelantar y en el 2001, al unificar la institucional y administrativa, se creó el término derecho para denominarlas.

Hoy en día, aplicando la idea que las normas crean realidades, lo que se presenta es una confusión en la conciliación denominada en derecho, asumiendo que en esta se aplica el derecho (la disciplina), cuando en realidad la ley 640 de 2001 dice en su literalidad que se denominará en derecho cuando se adelante ante los conciliadores de centros o autoridades.

Para salir del contexto colombiano, si se revisan los países que tienen los mejores puntajes a nivel mundial y latinoamericano en el Índice Global del Estado de Derecho en materia de los métodos de resolución de conflictos, se encuentra que la clasificación de la mediación o conciliación no es la regla. Veamos la siguiente tabla.

País Clases de mediación o conciliación
Hong Kong No clasifica la mediación
Francia No la clasifica pero se entiende que existen dos formas: la mediación anexa a tribunales y la mediación contractual
Singapur No clasifica la mediación
España No clasifica la mediación
Costa Rica No clasifica la mediación
Argentina La mediación tiene dos tipos: oficial y privada. La oficial es cuando el mediador es designado por sorteo y la privada cuando las partes lo designan.
Uruguay No clasifica la mediación
Chile No clasifica la mediación
Colombia Clasifica la conciliación en judicial, extrajudicial y esta última en derecho y equidad
Perú No clasifica la conciliación

Fuente: Elaboración propia.

En los dos casos donde se clasifica, las definiciones no son propiamente tipos de mediación, en Francia parece ser la manera de acceder, así como lo hizo la Ley 23 de 1991 en Colombia y en el caso de Argentina es la forma de selección del mediador.

Con el panorama anterior vuelvo al título: ¿Para qué clasificamos la conciliación?

La conciliación es una sola, existen ámbitos (civil, comunitaria, escolar, familiar, etc) y momentos para realizarla, pero no existe técnicamente una diferencia entre las denominaciones derecho y equidad que justifiquen su separación.

¿Qué opina sobre si se debería seguir clasificando la conciliación?