Propuestas para las Bases del PND 2018-2022 en materia de Métodos de Resolución de Conflictos

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En la nota anterior en este blog se compartieron unos comentarios breves sobre las Bases del PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” en relación con los métodos de resolución de conflictos -MRC-; en esta oportunidad, se mencionan algunas apuestas que quizás se pudieron haber incluido en el Plan.

  • ¿Cuál podría ser la apuesta del PND? Si se piensa en un objetivo que se pueda lograr en un cuatrienio, podría ser: aumentar el conocimiento de la población en materia de los MRC. Para medir este propósito, se podría tomar la encuesta que hace la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP donde una de las preguntas es si conocen o no los ciudadanos los métodos. Esta apuesta empezaría a abordar el problema principal que está identificado como la falta de conocimiento de la población sobre los MRC. Para profundizar este punto se puede consultar el documento Recomendaciones para la Inversión Pública en Conciliación
  • Una estrategia necesaria es formalizar y articular el Sistema Nacional de Conciliación -SNC-. Desde 1991 en Colombia se ha impulsado la conciliación con iniciativas de diferentes sectores e instituciones de manera aislada. Lo anterior sin perjuicio del liderazgo que ha tenido el Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que ha trabajado como el Quijote. La institucionalidad responsable y asociada a la conciliación no desarrolla su trabajo de manera articulada y complementaria. Esto hace que el Ministerio de Justicia y del Derecho esté sobrecargado y que las actividades de otras entidades no sean visibles o simplemente no las hacen por no considerar que hacen parte de un objetivo común: el SNC. Esta es una tarea fundamental para el desarrollo de la conciliación. El PNC es el escenario ideal para sentar en una sola mesa a todas las entidades del SNC para que después de un diálogo se comprometieran con aportes concretos para lograr un propósito en común. La propuesta planteada en las Bases del PND volvió a dejar casi solo al Ministerio de Justicia y del Derecho. Para profundizar este punto se puede consultar el documento Recomendaciones para la Inversión Pública en Conciliación
  • La conciliación debería tener un objetivo claro y unificado y estar alineada con un marco conceptual. Ya es tiempo de dejar a un lado algunos propósitos de la conciliación como son el acceso a la justicia, la descongestión judicial o la reducción de la criminalidad. La propuesta es que la conciliación tenga como objetivo la resolución de los conflictos, entendida en su sentido amplio y no solamente de número de acuerdos firmados. Este objetivo debería estar enmarcado en la construcción de paz que es la sombrilla donde la conciliación puede dar frutos en una realidad compleja. El principal problema no es la oferta de la conciliación y por ende entender que se aumenta el acceso a la justicia, sino que los ciudadanos que ya la tienen en sus municipios no la utilizan porque no la conocen. Otra asociación que parece estar en las Bases del PND es que la conciliación está para satisfacer las necesidades jurídicas de los ciudadanos, ésta conceptualización contradice el concepto mismo de conflicto, pero este no es el espacio para desarrollar esta línea argumentativa. Para profundizar este punto se puede consultar el documento Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en sus 25 años
  • Las metas propuestas en el PND que son: 1. Aumentar el número de municipios con conciliación en equidad implementada (269 en 2018 a 300 en 2022) y solicitudes de MRC atendidas (627.903 en 2018 a 1.314.389 en 2022) deberían ser revisadas porque en principio podrían no ser apuestas novedosas y que requieran de un esfuerzo más allá de lo cotidiano del gobierno para cumplirse. Por ejemplo, de 2015 a 2018 el Ministerio de Justicia y del Derecho fortaleció la conciliación en equidad en 98 municipios. No es claro en los datos reportados cuántos de estos eran nuevos (implementación del MICE) y cuántos fortalecimientos a través de capacitación. Sin embargo, la meta propuesta es de 31 municipios. La pregunta que queda es ¿En cuántos municipios se implementó la conciliación en equidad en el cuatrienio 2015-2018? De la respuesta se podría deducir si la meta es una apuesta ambiciosa. Pero más allá de la cobertura de la conciliación en equidad, la pregunta debería ser qué sucede después de la implementación del MICE, en qué medida los conciliadores en equidad están conciliando en el país. La otra meta es de solicitudes de MRC atendidas. En el periodo 2015-2018 se atendieron 627.903 casos de conciliación. Esta cifra trasladada al periodo 2018-2022 tendría un promedio de 156.975 para un total de 1.255.806 casos en 2022. Si la meta es de 1.314.389, el promedio anual de casos del próximo cuatrienio sería de 171.621, cifra que en principio es menor a la alcanzada en 2018 (n=198.695). Aunque no es claro cómo se calculó la meta 2018-2022, se podría entender que no es una apuesta que le apunta al crecimiento si el promedio anual es menor al último año reportado. Una opción para entenderlo sería que se están sumando los casos de arbitraje y amigable composición, pero esto reforzaría la hipótesis que no hay un aumento significativo en la atención de los métodos.
  • Otra propuesta para las metas de la Bases del PND es el incluir indicadores de resultado de la gestión del gobierno. ¿Qué metas podrían considerarse? A manera de ejemplo:
    • Porcentaje de acuerdos conciliatorios diferenciados por materias y operadores, el caso más preocupante de acuerdos es de las conciliaciones contencioso administrativas y el de los operadores son los notarios que muchos de ellos no están realizando conciliaciones.
    • Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales.
    • Oferta/gestión de la conciliación en municipios rurales y rurales dispersos.
    • Oferta/gestión de la conciliación en municipios considerados de alta conflictividad.
    • Número de abogados capacitados en conciliación y arbitraje que cumplan estándares de calidad.
    • Número de funcionarios públicos (incluyendo jueces) capacitados en conciliación y arbitraje que cumplan estándares de calidad.
    • Porcentaje de conciliadores y árbitros activos.
    • Porcentaje de conciliaciones judiciales de los jueces.
    • Porcentaje de satisfacción de los usuarios de la conciliación y el arbitraje.
    • Porcentaje de profesionales del derecho dedicados a la conciliación y el arbitraje.
    • Porcentaje de reporte de los operadores de los MRC en el SICAAC.

¿Está de acuerdo con estas propuestas? ¿Qué propuestas tiene usted?

 

 

Ministerio de Justicia y del Derecho lanza Tesauro de Laudos Arbitrales

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La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho lanzó este mes el documento titulado Tesauro de Laudos Arbitrales. En palabras del Ministerio: “el Tesauro nace de la idea según la cual los laudos (decisiones arbitrales) deben ser publicados, ya que son una tarea transitoria de administrar justicia que debe ser conocida por la comunidad y la academia.

“Con mucha satisfacción y orgullo les entregaremos el ‘Tesauro de Laudos Arbitrales’, primer paso para que se continúe con la labor de recopilar, estudiar y ordenar los laudos arbitrales que permitan el conocimiento y apropiación por parte de la comunidad de los métodos de resolución de conflictos, en particular, del arbitraje”, indicó el alto funcionario.

El Tesauro compila las decisiones arbitrales en materia administrativa desde 2012 hasta 2017 con  información de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, ciudades que según el Diagnóstico sobre Arbitraje Doméstico elaborado el año pasado por la Cámara de Comercio de la capital de la República, son las que concentran la mayor demanda en cuanto a arbitraje.”

Fuente: http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/3931/MinJusticia-presenta-modelo-de-reglamentaci243n-de-arbitraje-por-medios-electr243nicos-y-compendio-de-decisiones-arbitrales.aspx

A continuación se comparte con todos los interesados el Tesauro:

Tesauro del Laudo Arbitral

 

Estudio compara los costos de la resolución de conflictos entre la justicia ordinaria y el arbitraje

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El estudio publicado por la American Arbitration Association –AAA- de Estados Unidos presenta algunos resultados sobre la duración y el costo de la resolución de los conflictos cuando se compara la justicia de los jueces con la de los árbitros en algunos estados del país norteamericano.

El estudio se titula: Efficiency and Economic Benefits of Dispute Resolution through Arbitration Compared with U.S. District Court Proceedings” cuyos autores son Roy Weinstein, Cullen Edes, Joe Hale y Nels Pearsall de la empresa consultora Micronomics.

El informe publicado dice que buscó medir las diferencias existentes entre la justicia en algunas cortes y el arbitraje administrado por la AAA con respecto al tiempo requerido para tomar una decisión y estimar el costo asociado a los negocios con las demoras en tener una decisión.

Los principales resultados son:

  • Una corte de distrito toma más de 12 meses en llegar a juicio que los casos de arbitraje, en las cortes demora 24.4 meses y en arbitraje 11.6 meses.
  • El tiempo promedio para llegar a una decisión incluyendo los tiempo de apelación son de 21 meses más en las cortes (33.6 meses en las cortes y 11.6 meses en arbitraje).
  • Las pérdidas directas asociadas al tiempo adicional para el juicio requerido en las cortes comparado con el arbitraje de la AAA son de 10.9 – 13.6 billones entre 2011 y 2015, lo que da un promedio de 180 millones mensuales.
  • La pérdida mínima directa del tiempo adicional con las apelaciones es de 20 – 22.9 billones en el mismo periodo con un promedio de 330 millones mensuales.

La conclusión es contundente: el arbitraje de la AAA es más rápido y tiene menos pérdidas económicas para las partes que el proceso judicial en Estados Unidos. Al respecto agreda el informe: las demoras en los casos de la justicia civil tiene consecuencias reales para los litigantes y la economía. El mensaje debería resonar entre los legisladores a la hora de contemplar los recortes del presupuesto de las cortes. La opción de acudir a un arbitraje puede mitigar el impacto mencionado en los litigantes.

El estudio puede ser consultado en el siguiente link:

http://www.micronomics.com/articles/Efficiency_Economic_Benefits_Dispute_Resolution_through_Arbitration_Compared_with_US_District_Court_Proceedings.pdf

2.° Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional del CAC de la CCB

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El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a participar en el 2.° Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional 2018 que se celebrará en el marco de los 35 años del CAC promoviendo el intercambio de conocimiento sobre las relaciones entre jurisdicciones arbitrales, experiencias comparadas y las principales controversias derivadas de las relaciones empresariales.

 

Dirigido a:

Árbitros nacionales e internacionales, abogados en ejercicio, mediadores, empresarios de diferentes sectores, abogados de empresa, académicos y profesionales que estén interesados y/o relacionados con el tema de arbitraje.

Lugar de realización: 

Centro de Convenciones del Hotel Las Américas – Cartagena.

El hotel de Las Américas brinda tarifa especial a nuestros asistentes para mayores informes comuníquese con:

Reservas:  57 (5) – 6723344 opción 1  o Teléfono Directo: 57 (5) 6930592  

Cel: 316 389 5380 : Toll Free: 01 8000953777

Metodología:

Este congreso se llevará a cabo mediante conferencias magistrales y paneles académicos por parte de expertos en el tema de arbitraje nacional e internacional.

Descargue aquí la agenda del evento

Especial Resolución de Conflictos y Arbitraje en Ámbito Jurídico

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El periódico Ámbito Jurídico de Legis ha publicado en su edición 475 de 2017 un especial sobre “Arbitraje y Resolución de Conflictos” con 9 artículos muy interesantes. A continuación compartimos el especial.

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La solucion esta en linea-page-001

Arbitraje en propiedad intelectual-page-001

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Arbitraje en equidad-page-001

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También los artículos están a disposición de la versión digital del Ámbito Jurídico en el siguiente enlace

https://www.ambitojuridico.com/ResultadosDeBusqueda?q=Especiales+/+Arbitraje+y+resoluci%C3%B3n+de+conflictos

 

Tercer Congreso Nacional e Internacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Bogotá

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El Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB llevará a cabo los días 24 y 25 de agosto, este Congreso en la Sede Chapinero de la CCB.

 

Este congreso, que se llevará a cabo en la Sede Chapinero de la CCB, en alianza con las Cámaras de Comercio de Medellín y Cali, busca analizar, evaluar y promover el intercambio académico entre los participantes en torno a los MASC.

Inscríbase aquí 

El Congreso contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, que abordarán los siguientes ejes temáticos:

  • Campos críticos de la conciliación en Colombia.
  • Articulación de la conciliación y la Rama Judicial.
  • Evaluación de la implementación de la ley de insolvencia para persona natural no comerciante.
  • Experiencias exitosas de mediación a nivel internacional.
  • La conciliación en el arbitraje nacional e internacional.
  • Tendencias mundiales en ejecución de garantías mobiliarias.
  • Programación neurolinguistica y negociación.
  • Casos exitosos en amigable composición.

 

Público en general

$220.000  Iva incluido

Operadores CCB, CCM, CCC, amigables componedores, árbitros, conciliadores, conciliadores insolvencia, funcionarios públicos, Círculo de Afiliados

$200.000  Iva incluido

Estudiantes y miembros de la Red de Jóvenes Árbitros

$100.000  Iva incluido

 

Si desea inscribirse puede comunicarse con Paola Gutiérrez Gómez al correo electrónico: infocac@ccb.org.co o al teléfono 5941000 ext. 2305.

 Agenda del evento

 

Información tomada de: http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2017/Tercer-Congreso-Nacional-e-Internacional-de-Mecanismos-Alternativos-de-Solucion-de-Conflictos

Congreso internacional de arbitraje en Bogotá

El Comité Colombiano de Arbitraje le invita al V Congreso Internacional de Arbitraje del Comité Colombiano de Arbitraje y el II Congreso Internacional de Arbitraje del Capítulo Colombiano del Club Español del Arbitraje que tiene por objeto los “Cinco años de la ley de arbitraje”.

Comite-Colombiano-de-Arbitraje-Congreso-2017

Martes 8 y miércoles 9 de agosto en la Sede Chapinero de la CCB a partir de las 8:00 a. m.

Inscríbase y haga parte de estos dos congresos que, sin duda, aportará a su ejercicio profesional.

Más información e inscripciones

Para cualquier inquietud envíe un correo electrónico a: registro@ccacolombia.org

o puede comunicarse al teléfono 2551017 extensión 115.

Tomado de: http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2017/El-Comite-Colombiano-y-el-Capitulo-Colombiano-del-Club-Espanol-de-Arbitraje-organizan-el-Congreso-Internacional-de-Arbitraje

Propuestas de métodos de resolución de conflictos para el Plan Decenal del Sistema de Justicia

Plan Decenal del Sistema de Justicia

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 plantea formular un Plan Decenal del Sistema de Justicia, el cual busca promover la coordinación, eficiencia, eficacia y modernización en la administración de justicia y en las funciones de los organismos de control.

El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá a su cargo la secretaría técnica para la elaboración y seguimiento del Plan que deberá elaborarse en un término de dos años con el concurso del Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo o quienes hagan sus veces.

También participarán entidades territoriales, autoridades administrativas, particulares que ejercen funciones jurisdiccionales, centros de conciliación y arbitraje y operadores de justicia comunitaria.

El Plan Decenal de Justicia 2017-2027 será el primero que tendrá Colombia, y contendrá, cuando menos, los objetivos del sistema de justicia, el plan de acción interinstitucional para lograrlos, las metas institucionales e interinstitucionales, la definición de herramientas tecnológicas para la justicia, los compromisos específicos de cada prestador de servicios de justicia, las prioridades y criterios territoriales, los objetivos comunes en materia de bienestar social e incentivos, capacitación y seguridad para los empleados del sistema de justicia  y la definición del mecanismo de seguimiento. (Tomado de la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho)

Para apoyar la elaboración del capítulo correspondiente a los métodos de resolución de conflictos, el Departamento Nacional de Planeación en asocio con los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Pereira y Confecámaras desarrollaron en 2016 un total de 6 foros regionales para consultar con los ciudadanos, expertos y operadores de los métodos las problemáticas y propuestas de solución para ser consideradas en el Plan Decenal del Sistema de Justicia.

En el siguiente link se pueden consultar las 6 propuestas regionales sobre la conciliacióny el arbitraje para el Plan Decenal del Sistema de Justicia.

 

https://www.minjusticia.gov.co/PlanDecenaldeJusticia/PropuestasDestacadas.aspx

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación elaboró un documento técnico que apoyo en el cual están las principales problemáticas identificadas de la conciliación y el arbitraje en Colombia y algunos lineamientos para ser tenidos en cuenta. El documento se puede descargar a continuación:

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Entrevista con el Dr. Gustavo Adolfo Vega Vargas desde Nicaragua

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Hace dos años se inició en este blog el ciclo de entrevistas a líderes en la implementación de la mediación en Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la entrevista del Dr. Gustavo Adolfo Vega, Coordinador OdeM-PRODEP II-DIRAC en Nicaragua.

Esperamos que sea del agrado de todos los lectores la siguiente entrevista.

Muchas gracias al Dr. Adolfo Vega por su disponibilidad y enseñanzas compartidas en sus respuestas.

  1. Cuéntenos por qué se interesó en la mediación y cuál fue su primer contacto con dicho método.
Período 1998-2005:

 

  • Miembro del Equipo que participó en la elaboración y promoción de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que estableció, por primera vez en el país, la Mediación Previa en los procesos judiciales; Consultoría para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), de Costa Rica.
  • Miembro del Equipo que participó en la elaboración y promoción del Reglamento a Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) Consultoría para el mismo IIDH, de Costa Rica.
  • Miembro del Equipo que participó en la elaboración y promoción de la Reforma al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (CPP), que reguló la Mediación Previa a los procesos judiciales, en materia penal; Consultoría para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Costa Rica.
  • Coordinador de Capacitación del Proyecto “Reforma y Modernización Normativa en  Nicaragua”  Corte Suprema de Justicia y CAJ/FIU-USAID-IIDH, que desarrolló centenares de eventos de capacitación sobre el nuevo Código Procesal Penal y sus fases, incluyendo la Mediación Previa Penal.
Desde 2012 hasta la fecha:

  • Coordinador del Componente de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), específicamente en el tema de la Mediación, dentro del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad en Nicaragua, auspiciado por el Banco Mundial.

 

  1. Por favor describa brevemente qué es y cómo opera la mediación en Nicaragua y su reglamentación normativa.

Al igual que en el resto de países de la Región, la Mediación está planteada como un mecanismo, previo o paralelo, de solución alternativa de conflictos o controversias, encaminado a lograr que los conflictos sociales no necesariamente se judicialicen, y encuentren cauces alternativos para su solución.

Su fundamento normativo más general está contenido en la Ley N° 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”; ya particularmente, los diferentes cuerpos normativos procesales de las diferentes materias jurídicas, además de algunas Leyes específicas, regulan los diversos Métodos de Resolución Alterna de Conflictos. Algunas de estas Leyes, son:

  1. Ley N° 260 “Orgánica del Poder Judicial” promulgada en 1998 prevé que “en todos los casos en que se presenten demandas de familia, civiles, mercantiles, agrarias y laborales en los juzgados respectivos, previo a cualquier actuación o diligencia, el juez convocará después del sexto día a un trámite de mediación entre las partes las que podrán estar asistidas por abogados. En los casos penales, la mediación se llevará a efecto por el juez de la causa en cualquier estado del juicio de Instrucción.
  2. Ley N° 278 “Ley de la Propiedad Reformada, Urbana y Agraria”, contempla el uso de la mediación (y el arbitraje) para la solución de disputas.
  3. Ley N° 406 “Código Procesal Penal” que entró en vigencia en diciembre de 2002, señala el uso de la mediación Previa o durante el proceso, para casos como faltas, delitos imprudentes o culposos, delitos patrimoniales entre particulares sin violencia o intimidación, y delitos sancionados con penas menos graves. La mediación puede ser solicitada antes de iniciado el proceso judicial o durante el mismo, según Artos. 57-58 respectivamente. Se contempla como medida alterna a la persecución penal.

Por otra parte, el uso del Arbitraje está dispuesto en las siguientes leyes:

  1. Ley N° 127 “Ley de Inversiones Extranjeras”, de 19 de junio de 1991, establece que en el contrato de inversión “podrá establecerse que toda controversia o diferencia que surja entre el Gobierno y un inversionista extranjero, con relación a la interpretación del Contrato de Inversión, se resolverá mediante arbitraje” (Arto. 31).
  2. Ley N° 278 “Ley sobre Propiedad Reformada, Urbana y Agraria”, de 26 de noviembre de 1997 que, en su Arto. 59, el Arbitraje, para la solución de los conflictos relativos a la propiedad, originados en las circunstancias específicas que establece el Arto. 1 de dicha ley.
  3. Ley N° 272 “Ley de la Industria Eléctrica”, de 18 de marzo de 1998, la cual dispone que “las controversias que surjan en el seno del Consejo de Operación y que puedan ser resueltas, serán dirimidas a través de arbitraje en los términos establecidos en la Normativa de Operación”. (Arto. 60).
  4. Ley N° 286 “Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”, de 18 de Marzo de 1999, establece el arbitraje nacional o internacional para solución de controversias “que pudieran surgir en la ejecución, cumplimiento y en general, en todo lo relativo a contratos referidos a la presente ley” (Arto. 76);
  5. También se observan manifestaciones de estos procesos en: Código Civil de la República de Nicaragua, Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia y Código de Familia.
  6. Por otra parte, el 24 de Junio del 2005, en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 122, fue aprobada la Ley N° 540 “Ley de Mediación y Arbitraje de la República de Nicaragua” y con este histórico acontecimiento, el pueblo de Nicaragua cuenta con métodos alternos de solución de conflictos, base para la construcción de una Cultura de Paz y Convivencia pacífica y facilitará ampliamente los intercambios comerciales.

Esta ley contempla la posibilidad de que se establezcan centros de mediación y arbitraje, privados y públicos, cuyos servicios podrán ser a título oneroso o gratuito y esto da la oportunidad a las personas que tienen problemas que puedan ser mediados, de poder acudir a estos centros y resolver su conflicto de manera extrajudicial, sin tener que llegar a los juzgados, en donde se les dicta una sentencia y siempre habrá un ganador y un perdedor. De esta forma se estará brindando servicios a la población que contribuirá a descongestionar los despachos judiciales. Estos Centros son acreditados por la DIRAC.

La variedad de leyes en las que se contempla el uso de algún método alterno de resolución de conflictos, demuestra una marcada tendencia del Poder Legislativo, compartida y promovida igualmente por el Judicial y Ejecutivo, de abrir espacios de diálogo y concertación, que permitan a la población contar con mecanismos pacíficos, creativos, rápidos y eficientes para la solución de sus conflictos.

  1. ¿Cuál es su balance de la implantación de la mediación en Nicaragua?

Si bien la voz más calificada en esta materia es la voz oficial de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, desde la perspectiva de un ciudadano común y corriente es posible afirmar categóricamente que la introducción de los Métodos de Resolución Alterna de Conflictos (MARC) ha permitido:

  1. a) En primer lugar, que haciendo uso de los Métodos de Auto-Composición, las partes dialoguen y construyan soluciones mutuamente satisfactorias, reduciendo significativamente el flujo de casos hacia la vía judicial; y
  2. b) Descongestionar al Poder Judicial de una gran cantidad de casos “de poca monta”, lo que permite que sus funcionarios se concentren en los casos que, finalmente, llegan a judicializarse y, por su grado de complejidad, exigen una mayor y más calificada intervención de los órganos judiciales.

 

  1. ¿Cuáles son los principales retos que en su concepto se tienen en la mediación en Nicaragua?

El principal reto ha sido y continuará siendo la “inoculación” de la Cultura de Mediación en la conciencia ciudadana, de forma tal que éstos, acudan como un proceso natural a estos métodos, antes de pensar en la judicialización de los mismos.

Al efecto, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), dependencia del Poder Judicial de Nicaragua, ha dado impulso a un Programa denominado “Mediación Escolar”, que persigue incidir desde los mecanismos de educación formal, en el conocimiento, manejo y aplicación de la Mediación, como mecanismo de solución de controversias y, en general, de los Métodos de Auto-Composición.

 

  1. Además de la mediación ¿Qué otros métodos de resolución de conflictos se aplican ampliamente en Nicaragua? ¿Nos puede contar algo sobre ellos?

Gradualmente, como es lo recomendable, otros Métodos de Resolución Alterna de Conflictos se han ido aplicando en nuestro país.

Además de la introducción de la Mediación propiamente dicha, en las materias que ya he dejado señaladas (Penal, Civil, Mercantil), se ha introducido el tema de la Conciliación, en materia de Derecho de Familia, y de Arbitraje, en el espinoso y muy particular tema de la Propiedad, de gran relevancia para un país como el nuestro, que  ha experimentado fuertes transformaciones sociales y económicas.

 

  1. ¿Qué aspectos considera exitosos de la mediación en Nicaragua, que puedan ser aplicados en otros países?

Además de los frutos propiamente derivados de la Naturaleza Jurídica de la Mediación, me parece relevante destacar que:

  • Se ha articulado a las instituciones técnicas, como es el caso de la Institución encargada de los Asuntos Territoriales en la labor de identificación, a nivel de detalle, de cada parcela, para construir la información catastral en los lugares donde no existía.
  • Otra institución estatal, la Intendencia de la Propiedad, adscrita a la Procuraduría General de la República, es la encargada de titular e inscribir registralmente las propiedades a favor de los protagonistas de estos procesos.
  • Promover la Mediación, en los casos en que ésta sea necesaria, como mecanismo para resolver las posibles controversias entre los particulares.
  • La emisión, por parte de la CSJ, de una Resolución Administrativa (Resolución N° 001-2014 CER-CSJ), que “abre las puertas” de los Registros Públicos de la Propiedad para los Acuerdos de Mediación que se vayan logrando, para la Resolución de los Conflictos.
  • La obligación impuesta a los trabajadores del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad de notificar a los protagonistas, beneficiados por la inscripción registral de un Acuerdo de Mediación, de la inscripción del mismo y de su reciente titularidad registral.
  • Finalmente, aun cuando no se trata del más importante de los logros, todo lo anterior permite a las Alcaldías Municipales “construir” el Inventario de Propiedades del Municipio, con miras a incrementar significativamente la recaudación en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que incrementa el monto total de tales ingresos, y provee a las Alcaldías, de más recursos para la ejecución de sus proyectos y programas sociales.

 

  1. ¿Cuál es el perfil de mediador en Nicaragua? ¿Es una práctica interdisciplinaria?

La definición del Perfil de Mediador en Nicaragua gradualmente ha venido evolucionando.

Inicialmente, se consideró que bastaba la condición de “líder comunitario”, para desempeñar tal función, pues éstos, al ser conocedores de la realidad social que rodeaba el conflicto, podrían aportar decisivamente en la solución de los mismos.

Posteriormente, analizando su desempeño y constatando la “explosión social” de Profesionales de la Ciencia Jurídica en el país, se consideró equivocado continuar con aquella dirección, y se optó por involucrar, cada vez más, a los Abogados del País.

Esto, aunado al hecho de vincular registralmente los Acuerdos que lo ameritasen, ha venido imponiendo como opción preferencial la condición de profesional de la ciencia jurídica.

Ahora bien, si la complejidad del conflicto, por los asuntos de que trate, demanda capacidad multi-disciplinaria de los Mediadores, es algo que está debidamente previsto y regulado en la Legislación, pudiendo éstos auxiliarse de peritos especializados en la materia, que demande el tipo de conflicto.

 

El Dr. Gustavo Adolfo Vega Vargas es Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, por la Universidad Nacional Autónoma, Núcleo de León (1987-1992).

Post-grados en:

  • Derecho Constitucional, 1982, Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua (AJDN), Asociación Catalana de Profesionales para la Cooperación (ACPC) y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua–León (1982).
  • Derecho Procesal Penal, Centro para la Administración de Justicia. Florida International University; Universidad Jaime I de Castellón, España (2004-2005).
  • Derecho Penal, Centro para la Administración de Justicia. Florida International University; Universidad Jaime I de Castellón, España, y la Comisión Nacional de Facultades de Derecho de Nicaragua (CONADER) Diciembre 2004