Entrevista con el Dr. Gustavo Adolfo Vega Vargas desde Nicaragua

GustavoAdolfo

Hace dos años se inició en este blog el ciclo de entrevistas a líderes en la implementación de la mediación en Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la entrevista del Dr. Gustavo Adolfo Vega, Coordinador OdeM-PRODEP II-DIRAC en Nicaragua.

Esperamos que sea del agrado de todos los lectores la siguiente entrevista.

Muchas gracias al Dr. Adolfo Vega por su disponibilidad y enseñanzas compartidas en sus respuestas.

  1. Cuéntenos por qué se interesó en la mediación y cuál fue su primer contacto con dicho método.
Período 1998-2005:

 

  • Miembro del Equipo que participó en la elaboración y promoción de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que estableció, por primera vez en el país, la Mediación Previa en los procesos judiciales; Consultoría para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), de Costa Rica.
  • Miembro del Equipo que participó en la elaboración y promoción del Reglamento a Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) Consultoría para el mismo IIDH, de Costa Rica.
  • Miembro del Equipo que participó en la elaboración y promoción de la Reforma al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (CPP), que reguló la Mediación Previa a los procesos judiciales, en materia penal; Consultoría para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Costa Rica.
  • Coordinador de Capacitación del Proyecto “Reforma y Modernización Normativa en  Nicaragua”  Corte Suprema de Justicia y CAJ/FIU-USAID-IIDH, que desarrolló centenares de eventos de capacitación sobre el nuevo Código Procesal Penal y sus fases, incluyendo la Mediación Previa Penal.
Desde 2012 hasta la fecha:

  • Coordinador del Componente de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), específicamente en el tema de la Mediación, dentro del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad en Nicaragua, auspiciado por el Banco Mundial.

 

  1. Por favor describa brevemente qué es y cómo opera la mediación en Nicaragua y su reglamentación normativa.

Al igual que en el resto de países de la Región, la Mediación está planteada como un mecanismo, previo o paralelo, de solución alternativa de conflictos o controversias, encaminado a lograr que los conflictos sociales no necesariamente se judicialicen, y encuentren cauces alternativos para su solución.

Su fundamento normativo más general está contenido en la Ley N° 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”; ya particularmente, los diferentes cuerpos normativos procesales de las diferentes materias jurídicas, además de algunas Leyes específicas, regulan los diversos Métodos de Resolución Alterna de Conflictos. Algunas de estas Leyes, son:

  1. Ley N° 260 “Orgánica del Poder Judicial” promulgada en 1998 prevé que “en todos los casos en que se presenten demandas de familia, civiles, mercantiles, agrarias y laborales en los juzgados respectivos, previo a cualquier actuación o diligencia, el juez convocará después del sexto día a un trámite de mediación entre las partes las que podrán estar asistidas por abogados. En los casos penales, la mediación se llevará a efecto por el juez de la causa en cualquier estado del juicio de Instrucción.
  2. Ley N° 278 “Ley de la Propiedad Reformada, Urbana y Agraria”, contempla el uso de la mediación (y el arbitraje) para la solución de disputas.
  3. Ley N° 406 “Código Procesal Penal” que entró en vigencia en diciembre de 2002, señala el uso de la mediación Previa o durante el proceso, para casos como faltas, delitos imprudentes o culposos, delitos patrimoniales entre particulares sin violencia o intimidación, y delitos sancionados con penas menos graves. La mediación puede ser solicitada antes de iniciado el proceso judicial o durante el mismo, según Artos. 57-58 respectivamente. Se contempla como medida alterna a la persecución penal.

Por otra parte, el uso del Arbitraje está dispuesto en las siguientes leyes:

  1. Ley N° 127 “Ley de Inversiones Extranjeras”, de 19 de junio de 1991, establece que en el contrato de inversión “podrá establecerse que toda controversia o diferencia que surja entre el Gobierno y un inversionista extranjero, con relación a la interpretación del Contrato de Inversión, se resolverá mediante arbitraje” (Arto. 31).
  2. Ley N° 278 “Ley sobre Propiedad Reformada, Urbana y Agraria”, de 26 de noviembre de 1997 que, en su Arto. 59, el Arbitraje, para la solución de los conflictos relativos a la propiedad, originados en las circunstancias específicas que establece el Arto. 1 de dicha ley.
  3. Ley N° 272 “Ley de la Industria Eléctrica”, de 18 de marzo de 1998, la cual dispone que “las controversias que surjan en el seno del Consejo de Operación y que puedan ser resueltas, serán dirimidas a través de arbitraje en los términos establecidos en la Normativa de Operación”. (Arto. 60).
  4. Ley N° 286 “Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”, de 18 de Marzo de 1999, establece el arbitraje nacional o internacional para solución de controversias “que pudieran surgir en la ejecución, cumplimiento y en general, en todo lo relativo a contratos referidos a la presente ley” (Arto. 76);
  5. También se observan manifestaciones de estos procesos en: Código Civil de la República de Nicaragua, Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia y Código de Familia.
  6. Por otra parte, el 24 de Junio del 2005, en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 122, fue aprobada la Ley N° 540 “Ley de Mediación y Arbitraje de la República de Nicaragua” y con este histórico acontecimiento, el pueblo de Nicaragua cuenta con métodos alternos de solución de conflictos, base para la construcción de una Cultura de Paz y Convivencia pacífica y facilitará ampliamente los intercambios comerciales.

Esta ley contempla la posibilidad de que se establezcan centros de mediación y arbitraje, privados y públicos, cuyos servicios podrán ser a título oneroso o gratuito y esto da la oportunidad a las personas que tienen problemas que puedan ser mediados, de poder acudir a estos centros y resolver su conflicto de manera extrajudicial, sin tener que llegar a los juzgados, en donde se les dicta una sentencia y siempre habrá un ganador y un perdedor. De esta forma se estará brindando servicios a la población que contribuirá a descongestionar los despachos judiciales. Estos Centros son acreditados por la DIRAC.

La variedad de leyes en las que se contempla el uso de algún método alterno de resolución de conflictos, demuestra una marcada tendencia del Poder Legislativo, compartida y promovida igualmente por el Judicial y Ejecutivo, de abrir espacios de diálogo y concertación, que permitan a la población contar con mecanismos pacíficos, creativos, rápidos y eficientes para la solución de sus conflictos.

  1. ¿Cuál es su balance de la implantación de la mediación en Nicaragua?

Si bien la voz más calificada en esta materia es la voz oficial de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, desde la perspectiva de un ciudadano común y corriente es posible afirmar categóricamente que la introducción de los Métodos de Resolución Alterna de Conflictos (MARC) ha permitido:

  1. a) En primer lugar, que haciendo uso de los Métodos de Auto-Composición, las partes dialoguen y construyan soluciones mutuamente satisfactorias, reduciendo significativamente el flujo de casos hacia la vía judicial; y
  2. b) Descongestionar al Poder Judicial de una gran cantidad de casos “de poca monta”, lo que permite que sus funcionarios se concentren en los casos que, finalmente, llegan a judicializarse y, por su grado de complejidad, exigen una mayor y más calificada intervención de los órganos judiciales.

 

  1. ¿Cuáles son los principales retos que en su concepto se tienen en la mediación en Nicaragua?

El principal reto ha sido y continuará siendo la “inoculación” de la Cultura de Mediación en la conciencia ciudadana, de forma tal que éstos, acudan como un proceso natural a estos métodos, antes de pensar en la judicialización de los mismos.

Al efecto, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), dependencia del Poder Judicial de Nicaragua, ha dado impulso a un Programa denominado “Mediación Escolar”, que persigue incidir desde los mecanismos de educación formal, en el conocimiento, manejo y aplicación de la Mediación, como mecanismo de solución de controversias y, en general, de los Métodos de Auto-Composición.

 

  1. Además de la mediación ¿Qué otros métodos de resolución de conflictos se aplican ampliamente en Nicaragua? ¿Nos puede contar algo sobre ellos?

Gradualmente, como es lo recomendable, otros Métodos de Resolución Alterna de Conflictos se han ido aplicando en nuestro país.

Además de la introducción de la Mediación propiamente dicha, en las materias que ya he dejado señaladas (Penal, Civil, Mercantil), se ha introducido el tema de la Conciliación, en materia de Derecho de Familia, y de Arbitraje, en el espinoso y muy particular tema de la Propiedad, de gran relevancia para un país como el nuestro, que  ha experimentado fuertes transformaciones sociales y económicas.

 

  1. ¿Qué aspectos considera exitosos de la mediación en Nicaragua, que puedan ser aplicados en otros países?

Además de los frutos propiamente derivados de la Naturaleza Jurídica de la Mediación, me parece relevante destacar que:

  • Se ha articulado a las instituciones técnicas, como es el caso de la Institución encargada de los Asuntos Territoriales en la labor de identificación, a nivel de detalle, de cada parcela, para construir la información catastral en los lugares donde no existía.
  • Otra institución estatal, la Intendencia de la Propiedad, adscrita a la Procuraduría General de la República, es la encargada de titular e inscribir registralmente las propiedades a favor de los protagonistas de estos procesos.
  • Promover la Mediación, en los casos en que ésta sea necesaria, como mecanismo para resolver las posibles controversias entre los particulares.
  • La emisión, por parte de la CSJ, de una Resolución Administrativa (Resolución N° 001-2014 CER-CSJ), que “abre las puertas” de los Registros Públicos de la Propiedad para los Acuerdos de Mediación que se vayan logrando, para la Resolución de los Conflictos.
  • La obligación impuesta a los trabajadores del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad de notificar a los protagonistas, beneficiados por la inscripción registral de un Acuerdo de Mediación, de la inscripción del mismo y de su reciente titularidad registral.
  • Finalmente, aun cuando no se trata del más importante de los logros, todo lo anterior permite a las Alcaldías Municipales “construir” el Inventario de Propiedades del Municipio, con miras a incrementar significativamente la recaudación en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que incrementa el monto total de tales ingresos, y provee a las Alcaldías, de más recursos para la ejecución de sus proyectos y programas sociales.

 

  1. ¿Cuál es el perfil de mediador en Nicaragua? ¿Es una práctica interdisciplinaria?

La definición del Perfil de Mediador en Nicaragua gradualmente ha venido evolucionando.

Inicialmente, se consideró que bastaba la condición de “líder comunitario”, para desempeñar tal función, pues éstos, al ser conocedores de la realidad social que rodeaba el conflicto, podrían aportar decisivamente en la solución de los mismos.

Posteriormente, analizando su desempeño y constatando la “explosión social” de Profesionales de la Ciencia Jurídica en el país, se consideró equivocado continuar con aquella dirección, y se optó por involucrar, cada vez más, a los Abogados del País.

Esto, aunado al hecho de vincular registralmente los Acuerdos que lo ameritasen, ha venido imponiendo como opción preferencial la condición de profesional de la ciencia jurídica.

Ahora bien, si la complejidad del conflicto, por los asuntos de que trate, demanda capacidad multi-disciplinaria de los Mediadores, es algo que está debidamente previsto y regulado en la Legislación, pudiendo éstos auxiliarse de peritos especializados en la materia, que demande el tipo de conflicto.

 

El Dr. Gustavo Adolfo Vega Vargas es Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, por la Universidad Nacional Autónoma, Núcleo de León (1987-1992).

Post-grados en:

  • Derecho Constitucional, 1982, Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua (AJDN), Asociación Catalana de Profesionales para la Cooperación (ACPC) y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua–León (1982).
  • Derecho Procesal Penal, Centro para la Administración de Justicia. Florida International University; Universidad Jaime I de Castellón, España (2004-2005).
  • Derecho Penal, Centro para la Administración de Justicia. Florida International University; Universidad Jaime I de Castellón, España, y la Comisión Nacional de Facultades de Derecho de Nicaragua (CONADER) Diciembre 2004
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