Narrativas de la Ley 23 de 1991

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Durante el mes de abril compartiremos algunas historias sobre la Ley 23 de 1991 a través de narrativas de sus protagonistas. Como es de amplio conocimiento por los lectores de este blog, en Colombia nos encontramos conmemorando los 25 años de la conciliación. El propósito de estas breves narrativas es compartir con todos los interesados las historias que rodearon la expedición de la Ley 23, su contexto y anécdotas que nos dejan importantes enseñanzas para el futuro de la conciliación en nuestro país.

Para comenzar contamos con un invitado de lujo, el doctor Rafael Bernal Gutiérrez, quien fue uno de los redactores de la Ley 23 de 1991, nos escribe una interesante nota sobre su génesis. Al doctor Bernal un infinito agradecimiento por su generoso tiempo.

A continuación las palabras del doctor Rafael,

“ALGUNOS BREVES COMENTARIOS SOBRE LA GENESIS DE LA LEY 23 DE 1.991

Recién se cumplen 25 años de la expedición y puesta en vigencia de la Ley 23 de 1.991 y bien vale la pena traer a cuento algunos breves comentarios de las circunstancias que rodearon la elaboración y expedición de la misma, a lo que nos ha invitado Harbey Peña, entusiasta enamorado de todas estas materias.

Como es de muchos conocido, en el año 1987 se otorgaron al Gobierno Nacional para durante un lapso de dos años, hacer un trabajo a fondo para racionalizar y especializar el trabajo judicial y poner en practica una amplia serie de herramientas para mejorar el acceso, atacar la congestión y acelerar los tramites. Sin duda alguna, la empresa mas seria y consistente que se haya hecho en este país, siempre que de atacar estos males endémicos de la justicia se trata y de la cual hoy día aun, a pesar de todo subsisten Buena parte de ellas.

Dentro de los temas que se reformaron se encontraban el Arbitraje, por esa fecha regulado en el Código de Procedimiento y en el Código de Comercio, con iguales textos pero en codificaciones con principios totalmente contrapuestos lo que significo, en cierta medida, la incursión de la jurisprudencia para llegar a conclusiones que, como ha ocurrido con frecuencia con el tema, no siempre fueron las mejores. Se expidió entonces el decreto 2279 de 1.989, que si bien estaba centrado en el arbitraje, incluyo algunas pinceladas sobre conciliación y amigable composición.

El decreto, no obstante el beneficio de unificar e incluir un régimen mas avanzando que el imperante en ese momento, tuvo una serie de infortunados errores, muchos de los cuales, derivados de atender, durante el larguísimo periodo de ambientación que se hizo a nivel nacional, un numero de sugerencias que, al final, dieron lugar a estos inconvenientes que resultaba urgente corregir para evitar males mayores.

En ese contexto  y bajo el empuje e inspiración de uno de los más preclaros y brillantes abogados que ha tenido el país en los últimos tiempos, el Dr. Jaime Giraldo Ángel, por la época Ministro de Justicia, quien era un convencido de la bondad de la conciliación, como mecanismo para solucionar las controversias, prevenir los procesos judiciales y trabajar en pro de las relaciones útiles que en diversas áreas de la convivencia social se presentan, se dio inicio al trabajo para estructurar el proyecto de ley. Para el efecto, el Ministerio conformo equipos de trabajo por temas, cada uno encargado de materias especificas, de forma tal que se pudiera contar con un régimen integral y generalizado de conciliación en Colombia y así se da cuerpo al proyecto de ley que seria luego la 23 de 1.991.

No obstante, dos circunstancias no previstas, de alguna manera generaron algunos contratiempos de los que se resiente la ley, algunos de los cuales luego se trato, por la vía de decretos reglamentarios de la misma, tratar de aclarar y/o subsanar, sin que n todos los casos se lograra el propósito. La primera de ellas, el que, como lo he señalado, si bien existía un coordinador que lo era el Ministerio, los grupos de trabajo, cada uno por su lado, diseño y organizo el tema que le correspondió sin que existiera un momento de una “puesta en común” que hubiera servido para una mayor discusión en algunos aspectos que luego de expedida la ley se hicieron evidentes. La meta de lograr en la legislatura del año 1990 de sacar la ley y ponerla en vigencia hizo que en alguna medida la premura primara y generara consecuencias como esta. La segunda de ellas, que si bien se logro el objetivo de darle tramite durante la legislatura mencionada, por razones que no conozco en su minucia, la ley no se expidió en 1990, como ha debido corresponder sino hasta el 23 de marzo de 1.991.

Esta ultima circunstancia también jugo en contra. Todo el tema laboral, donde se pensaba darle una total renovación al tema y ampliar su espectro para profundizar en ella como estrategia, estaba totalmente ensamblado y coordinado con el Ministerio del trabajo, para reformar el sistema de Inspecciones del Trabajo que eran de urgente e inmensa necesidad y para lo que se contaba con las facultades necesarias. No obstante, al haberse expedido la ley en 1.991, tales facultades ya habían vencido y eso produjo que capítulos como este, se quedaron sin entrar en vigor, por cuanto, como la ley lo expresa, dependía de dicha modernización que no se pudo llevar a cabo.

En algunas materias como familia, transito y “delitos menores” –contravenciones”, si bien se trato por la vía de decretos reglamentarios, como se indico, corregir algunos equívocos y llenar ciertos vacíos, lo cierto es que no fueron suficientes para lograr el impacto y el efecto deseado. Quizás, la no presencia en algunos de los grupos de trabajo respectivo de actores fundamentales, como por ejemplo el sector Asegurador, para el tema de transito, generaron muchas dificultades y eventualmente la imposibilidad de darle uso en la forma concebida a las reglas estructuradas en la ley.

No puedo dejar pasar la inclusión de una verdadera revolución en la ley y es la incorporación de la comunidad, en plenitud, en la solución de controversias a través de la figura de la conocida como “Conciliación en Equidad”, nombre este que , entre los puristas, ha generado muchas criticas pero que simplemente da cuenta de una figura donde a diferencia de la “Conciliación en derecho” patrimonio de los abogados,  en esta son los ciudadanos del común, aquellos en quienes la inteligencia popular cree mas que en el mundo del derecho como colaboradores eficientes para solucionar los problemas que al interior de la misma se dan, sin que la connotación implique que pueden apartarse del mundo del derecho ni este sea ajeno a la figura. No obstante, a pesar de contar con los mismos efectos jurídicos y de poderse llevar a cabo ante esta nueva figura, todas las materias que se podían llevar a la conciliación en “derecho”, la realidad muestra que existe una cierta desventaja, cuando de temas como “la conciliación como requisito de procedibilidad” que no permitía usar de la conciliación en equidad sin explicación ni razón alguna.  La figura, concebida originalmente para el ámbito rural, con la idea de tratar, una vez mas, de crear una herramienta que se pudiera usar en todos los rincones del país, se urbanizo en la ley que , además de lo rural, la volvió vecinal y barrial, como al final quedo y hoy “goza de Buena salud”.

Así, dejo estas escuetas y deshilvanadas notas sobre la ley 23 que creo, transcurridos estos 25 años de vigencia, debe mirarse de Nuevo, actualizarla, modernizarla, ampliarla y claro, corregir las fallas que, en buena medida de manera fortuita, como lo he relatado, contiene su estructura.”

FotoRBG

El doctor Rafael Bernal Guitiérrez es abogado de la Universidad del Rosario y ha sido docente de especializaciones y maestrías en Derecho Civil y Comercial de las universidades Javeriana, de los Andes, del Rosario y Externado de Colombia. Entre otros cargos, fue subdirector jurídico de la Asociación Bancaria de Colombia, y adelantó gran parte de su carrera en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se desempeñó como vicepresidente jurídico, presidente ejecutivo encargado y, finalmente, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la misma Cámara.

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